(LifeSitesNews/InfoCatólica) Los suicidios asistidos por médicos aumentaron un 20% en Oregón el año pasado, según un informe anual publicado el miércoles por la Autoridad Sanitaria de Oregón (OHA) sobre el impacto de la llamada Ley de Muerte Digna.
La aprobación de la Ley de Muerte Digna convirtió a Oregón en el primer estado de EE.UU. en permitir el suicidio asistido en 1997; fue ratificada por el Tribunal Supremo de EE.UU. en 2006. Entre 1998 y 2022, se calcula que 2.454 se han acogido a la ley para quitarse la vida, con una media de edad de 72,5 años. El año pasado, Oregón abandonó su requisito de residencia para el suicidio asistido.
Según destaca Oregon Right to Life, los últimos datos de la OHA sugieren que el cambio ha tenido un impacto significativo en las tasas de eutanasia, ya que ha convertido al Estado del Castor en un imán para quienes, desde otros lugares del país, buscan poner fin a sus vidas.
El informe encontró 560 prescripciones de eutanasia en 2023, un aumento de casi el 30% desde 2022, y 367 muertes resultantes de tomar finalmente los medicamentos, un aumento del 20%. Mientras que el 82% de los casos tenían 65 años o más, el receptor más joven sólo tenía 29 años. Además, la gran mayoría de los solicitantes de eutanasia citaron la pérdida de autonomía (92%), la disminución de la capacidad de participar en actividades que hacían la vida agradable (88%) y la pérdida de dignidad (64%).
«Permitir que los residentes de fuera del estado vengan a Oregón para ser evaluados por un médico que puede no conocerlos y que tiene aún más posibilidades de pasar por alto la depresión y la coacción es una falta de respeto hacia estos pacientes», respondió la Dra. Sharon Quick, presidenta de la Fundación Educativa de Médicos por una Atención Compasiva. «Pueden experimentar presiones para tomar los medicamentos rápidamente sin la compañía de sus seres queridos, dado el tiempo y el esfuerzo que supone el viaje y las complicaciones que podrían surgir si los toman en su estado de origen. Una decisión precipitada se convierte en su última decisión».
Quick también señaló que los fármacos de la eutanasia no garantizan necesariamente que la muerte sea «pacífica», una justificación habitual del suicidio.
El otoño pasado, un estudio publicado en la revista de la Asociación Médica Británica BMJ Supportive & Palliative Care descubrió que casi el 80% de los casos de eutanasia en Oregón procedían de usuarios de seguros médicos subvencionados por el gobierno, y el 46% describió el sentimiento de ser una carga económica para los demás como una de las razones para querer poner fin a su vida, lo que suscita preocupaciones adicionales sobre los incentivos que empujan a la gente a suicidarse.
Igualmente preocupante es que el tiempo que los pacientes pasan discutiendo sus problemas con los médicos antes de decidir poner fin a sus vidas se redujo de 18 semanas en 2010 a sólo cinco el año pasado, y sólo el 1% de los casos fueron remitidos por los médicos para una evaluación psiquiátrica.
Diez estados, más el Distrito de Columbia, permiten actualmente el suicidio asistido. A nivel federal, los republicanos de la Cámara de Representantes de EE.UU. han pedido que se ponga fin al suicidio en la capital del país, sobre la que el Congreso tiene jurisdicción.
Por el contrario, el gobierno de Biden ha propuesto rescindir la normativa federal que establece protecciones de conciencia para los profesionales que no quieran practicar «el aborto, la esterilización y otros determinados servicios sanitarios», «el suicidio asistido, la eutanasia o el homicidio por piedad», y para las «organizaciones de atención médica gestionada con objeciones morales o religiosas al asesoramiento o la derivación para determinados servicios».
