(InfoCatólica) Ángel Gabilondo recuerda que aún está pendiente la presentación ante la sede parlamentaria del estudio del informe de su departamento sobre los abusos sexuales dentro de la Iglesia, al que ha añadido 95 nuevos casos, para que los diputados tomen una decisión sobre sus recomendaciones:
«Hasta donde hemos visto esos 95 testimonios nuevos no alteran las conclusiones del informe que entregamos al Congreso, en todo caso acentúan algunas de ellas».
Gabilondo también ha destacado que los casos de abusos sexuales a menores tutelados por el Estado no han recibido un tratamiento «transparente, ordenado y sistemático».
Asistencia personal, no meramente digital
Ángel Gabilondo ha señalado, en la comparecencia ante los medios de comunicación esta mañana en el Congreso de los Diputados, que «los ciudadanos han señalado con sus quejas que las administraciones no deben descuidar los servicios públicos esenciales, ni la sanidad, ni desatender las necesidades de los más vulnerables, ni la educación por ser estos fundamentales en un Estado de derecho moderno y solidario. Ellos nos indican también que los procesos de digitalización en las administraciones han de ser compatibles con la asistencia presencial, sobre todo para quienes no son nativos digitales o que, sencillamente, tienen dificultades para interlocutar a través de las nuevas tecnologías».
Los asuntos que protagonizaron las quejas ciudadanas ante el Defensor del Pueblo en 2023 tuvieron que ver, entre otros, con la administración de la Justicia, la Seguridad Social, Interior, asilo, educación y sanidad.
En 2023, el Defensor del Pueblo tramitó 35.603 expedientes, 4.151 más que en 2022. Recibió 34.926 quejas -3.849 más que en 2022-, 389 solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional -sobre ocho leyes y decretos estatales y siete leyes y decretos autonómicos- e inició 288 actuaciones de oficio ante distintas administraciones -38 más que en 2022-. Además, la institución atendió personalmente a 37.752 ciudadanos: 36.572 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.180 de una forma presencial.
Estos expedientes dieron lugar a la tramitación de 2.366 resoluciones dirigidas a las diferentes administraciones -estatales, autonómicas y locales-. De ellas, 668 fueron recomendaciones, 987 fueron sugerencias, 708 fueron recordatorios de deberes legales y 3 fueron advertencias.