(CH/InfoCatólica) En una carta conjunta, 16 expertos internacionales en libertad religiosa y de creencias han expresado su «profunda y grave preocupación» por las implicaciones de la nueva ley de seguridad, conocida como legislación del «Artículo 23», que se está estudiando en la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK).
El Secretario de Justicia de Hong Kong, Paul Lam Ting-kwok, declaró recientemente que, en virtud de la nueva ley de seguridad, una persona podría ser castigada con hasta 14 años de prisión por saber que otra ha cometido «traición» y no informar a las autoridades en un plazo razonable, informa Hong Kong Watch, cuyo cofundador Benedict Rogers ayudó a organizar la carta conjunta.
La nueva ley puede tener graves consecuencias para el secreto de confesión en la Iglesia católica y en otras tradiciones cristianas, argumentan los firmantes de la carta, que están «profundamente alarmados» por la disposición.
En efecto, la nueva ley podría obligar a un sacerdote a revelar contra su voluntad y conciencia, y en total violación de la privacidad de la confesión individual y de la doctrina de la Iglesia, lo que se ha dicho durante la confesión. También violaría el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que defiende la libertad religiosa y los derechos del individuo.
«Para muchas tradiciones religiosas, y especialmente para la Iglesia católica, la práctica de lo que se conoce como el Sacramento de la Penitencia (también conocido como el Sacramento de la Reconciliación o la Confesión) es un acto religioso de importancia absolutamente fundamental y sacrosanta», afirma la carta conjunta. «En el corazón del Sacramento de la Penitencia está el principio absolutamente vital de la confidencialidad. Una confesión es hecha por un individuo, ante un sacerdote, frente a Dios y lo que se dice en esa conversación permanece completamente confidencial entre sólo tres seres: la persona que hace su confesión, el sacerdote que escucha esa confesión y Dios».
Los firmantes subrayan que «para la Iglesia católica, lo que se conoce como el 'Secreto de Confesión' es exactamente eso», y de ahí que aunque «un sacerdote pueda animar a un penitente que ha cometido un delito grave a confesar ese delito a las autoridades, el sacerdote no puede denunciarlo él mismo y nunca debe ser considerado responsable penalmente por haber escuchado esa confesión».
En términos más generales, la carta señala que la nueva ley de seguridad propuesta -que se introduce además de la Ley de Seguridad Nacional impuesta a Hong Kong por la Asamblea Popular Nacional de Pekín el 1 de julio de 2020- «conlleva implicaciones muy graves para los derechos humanos básicos, las libertades fundamentales, el Estado de Derecho y la autonomía de Hong Kong».
Esto se debe a que «las vagas disposiciones de la ley» conceden demasiada influencia a las denominadas cuestiones de seguridad nacional, abriendo así «la posibilidad de enjuiciamientos motivados políticamente por razones ilegítimas de 'seguridad nacional'».
La nueva legislación también carece de las salvaguardias que existen en otras jurisdicciones de derecho consuetudinario, como la revisión periódica de la necesidad de mantener la detención, y menoscaba las garantías procesales y el derecho a un juicio justo, concretamente mediante la propuesta de «eliminar ciertos procedimientos» para «acelerar» los juicios por motivos de seguridad nacional. También permite ampliar la detención policial sin cargos, impedir el contacto entre los detenidos y los abogados de su elección, y negar a los condenados por delitos contra la seguridad nacional el derecho a una reducción de hasta un tercio de sus penas por buena conducta.
En última instancia, la legislación propuesta criminaliza como «sedición» cualquier intento de abogar por cambios legislativos o de criticar a la República Popular China, señala la carta.
Destaca que el juicio de Jimmy Lai, católico y fundador de la publicación Apple Daily, ya ha demostrado cómo «intercambios de texto inocuos con periodistas extranjeros» pueden contar como prueba de cortejo de lo que el gobierno considera una «injerencia extranjera» maligna en Hong Kong, lo que permite al gobierno tomar medidas punitivas.
Entre los firmantes de la carta figuran la ex Presidenta de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, Nadine Maenza, la Directora del Centro de Libertad Religiosa del Instituto Hudson, Nina Shea, y el Senior Fellow del Centro de Ética y Políticas Públicas, George Weigel, así como varios académicos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Para organizar la carta, Rogers contó con la ayuda de Frances Hui, activista exiliada de Hong Kong, Coordinadora de Política y Defensa de la Fundación del Comité por la Libertad en Hong Kong y autora de un reciente informe titulado «Hostile Takeover: El PCCh y las comunidades religiosas de Hong Kong».
La carta concluye:
«Hacemos un llamamiento al Papa Francisco y al Vaticano, al arzobispo de Canterbury Justin Welby, y a todos los demás líderes religiosos mundiales para que se pronuncien y utilicen sus buenos oficios para garantizar que esta nueva legislación de seguridad en Hong Kong no dé lugar a nuevas violaciones de la libertad de religión o de creencias, la libertad de expresión o el aumento de la represión para los practicantes de todas las religiones en Hong Kong.»
