(EP/InfoCatólica) En este sentido, advirtió de que "la imposición de estas elevadas cantidades es contrario a la buena práctica jurídica y deben ser impugnadas porque con ellas pretenden obstaculizar el ejercicio de los derechos de los objetores".
Además, Bazán indicó que resulta "notorio" que el Gobierno está preocupado porque los objetores a EpC no se han detenido. Y es que "desde septiembre hasta hoy los padres han presentado unos 250 recursos judiciales en Valencia, Toledo y Madrid mientras el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado, en mes y medio, 182 sentencias que eximen a 355 alumnos de cursar la polémica asignatura".