(InfoCatólica) Este proyecto de ley, presentado hace dos días, busca la revocación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021. La propuesta pretende convertir el aborto en un delito penal, castigando tanto a la mujer como a quienes participen en la intervención. Específicamente, impondría sanciones a la mujer en la mayoría de los casos y tiene como objetivo hacer que el Código Penal argentino sea más restrictivo inlcuso que el de 1921 al eliminar las causales relacionadas con el riesgo para la salud y la violación.
Las penas serían de 3 a 10 años para quienes provoquen el aborto de una mujer sin su consentimiento, que llegarían a ser de 15 en caso de su fallecimiento de la madre. Si hay consentimiento, las penas serían de 1 a 4 años, que podrían aumentar a 6 si la mujer fallece. Igualmente se produciría la inhabilitación para ejercer la profesión sanitaria a los profesionales del ramo que participaran en el crimen.
Óscar Zago, portavoz del gobierno en la Cámara de Diputados, ha asegurado que la ley actualmente vigente implica «que se tiene el derecho a acabar con la vida de la persona por nacer».
Las posibilidades de que el proyecto de ley salga adelante son prácticamente nulas. «No. Siguiente tema», indicó el diputado Martín Yeza, miembro del PRO, del ex presidente Mauricio Macri, cuyos votos serían imprescindibles para la aprobación del texto legal.