(ACIPrensa/InfoCatólica) Durante la madrugada del viernes 15 de diciembre, el Congreso de Aguascalientes, en México, dio luz verde a la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Esta decisión fue criticada por el Frente Nacional por la Familia, que la consideró una medida que legitima «la industria y el negocio de la muerte».
La determinación se adoptó en una reunión a puerta cerrada, a través de una votación cuyos pormenores aún no se han divulgado públicamente.
Alan David Capetillo Salas, especialista en Derecho Constitucional y vocero del Frente Nacional por la Familia (FNF) en Aguascalientes, durante entrevista con ACI Prensa informó que «los representantes públicos jamás deben esconderse y mucho menos para legislar. Hicieran lo que hicieran, su responsabilidad era dar la cara y hacerlo de frente a la sociedad».
Esta medida podría conllevar la revocación de los artículos del Código Penal que penalizan el proceso del aborto, en consonancia con un fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 30 de agosto.
El Código determina en su numeral 101 que el delito denominado «aborto doloso» es la «interrupción del embarazo con el consentimiento y en cualquier momento de la preñez, ya sea que lo realice la propia persona embarazada u otra persona con dicho consentimiento».
Asimismo, el artículo 102 ordena una pena a quien colabore con la ejecución de un «aborto doloso», y en el 103 se señala como exclusión que no habría sanción en el único caso de que «la mujer embarazada corra grave peligro de muerte, a juicio de un médico».
La SCJN clasificó estos artículos como «inconstitucionales», dado que supuestamente implicaban «la total supresión del derecho constitucional a elegir de las mujeres y personas con capacidad de gestar y con ello su derecho a la salud y a la igualdad y no discriminación».
Capetillo Salas expresó su descontento ante lo que considera una «captura ideológica aparente de la Suprema Corte» y señaló a los legisladores de Aguascalientes de mostrar «incoherencia y cobardía para defender los principios por los cuales solicitaron el respaldo del electorado».
El portavoz del FNF alertó sobre la tendencia de este tipo de legislaciones a fundamentarse en la «falsedad» de que existen mujeres encarceladas por el delito de aborto. Afirmó de manera categórica que «en Aguascalientes nunca se ha registrado la reclusión de mujeres por interrupción del embarazo».
Además, compartió que dicho caso le preocupaba, puesto que, a su parecer, dicha medida «banaliza la vida del no nacido y la sexualidad de las mujeres».
Para finalizar, el líder provida invitó a «castigar con el voto a todos los diputados que defraudaron la confianza de los ciudadanos».
Actualmente se está llevando a cabo una iniciativa de recolección de firmas en la plataforma digital Actívate, con el fin de exigirle a la gobernadora Tere Jiménez que, «en virtud de la Constitución de Aguascalientes, vete la ley aprobada de manera irregular por los diputados respecto al aborto».