(UCANews/InfoCatólica) El 13 de octubre, el gobierno japonés solicitó a un tribunal que retirara el reconocimiento oficial a la Iglesia de la Unificación, la influyente secta que está bajo la lupa desde el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe.
La petición de disolver el estatus de corporación religiosa de la iglesia conlleva una serie de repercusiones legales, incluida la pérdida de su estatus de exención fiscal, aunque podrá continuar con sus prácticas religiosas.
«El ministro de Educación solicitó una orden de disolución» ante el Tribunal de Distrito de Tokio, declaró a la prensa el portavoz del gobierno, Hirokazu Matsuno, quien añadió que el gobierno «se preparará a fondo» para cualquier juicio.
La medida se produce después de que el primer ministro Fumio Kishida ordenara el año pasado que se investigara a la Iglesia tras salir a la luz que el presunto asesino de Abe estaba motivado por el resentimiento contra el grupo.
La iglesia ha sido acusada de presionar a sus seguidores para que realicen cuantiosas donaciones y se ha culpado a sus miembros de abandono infantil.
En otra rueda de prensa, el ministro de Justicia, Ryuji Koizumi, declaró que «un número significativo de personas siguen sufriendo problemas relacionados con la Iglesia de la Unificación».
Añadió que su ministerio trabajaría para ayudar a aliviar su «grave situación».
Sólo dos grupos religiosos han recibido una orden de este tipo en Japón, entre ellos la secta Aum Shinrikyo que perpetró el atentado con sarín en el metro de Tokio en 1995.
El caso contra la Iglesia de la Unificación se prevé largo y se espera que la Iglesia se defienda ante los tribunales.
El ministro de Educación, Masahito Moriyama, reveló los planes para solicitar la orden judicial el jueves en una reunión con un grupo de expertos religiosos.
Fundada en Corea del Sur en 1954 por Sun Myung Moon, la Iglesia, cuyos miembros son conocidos coloquialmente como «Moonies», alcanzó prominencia mundial en las décadas de 1970 y 1980.
Desde entonces, Japón se ha convertido en un centro financiero clave para la iglesia, que enseña a los creyentes japoneses que necesitan expiar la ocupación de Corea por su país durante la guerra.
Basado en hechos
Kishida declaró por separado que el plan del gobierno se basaba en hechos y en una cuidadosa revisión del asunto.
«Basado en la ley y de acuerdo con los hechos objetivos, se realizó un cuidadoso trabajo y el ministro de Educación tomó la decisión», dijo a los periodistas en su oficina.
Abe fue asesinado a tiros a plena luz del día el año pasado mientras pronunciaba un discurso de campaña en la región occidental de Nara.
Se dice que el sospechoso, Tetsuya Yamagami, estaba resentido con la secta por las cuantiosas donaciones que hizo su madre y que llevaron a su familia a la bancarrota.
Podría enfrentarse a la pena de muerte si es declarado culpable.
Las investigaciones tras la muerte de Abe revelaron estrechos vínculos entre la iglesia y muchos legisladores conservadores gobernantes en Japón.
Cuatro de los ministros de Kishida han dimitido desde entonces por acusaciones de irregularidades financieras o vínculos con la iglesia.
Pérdida de credibilidad
Hajime Tajika, profesor de Derecho de la Universidad Kindai, explicó que la revocación del estatus de corporación religiosa tendría repercusiones tanto sociales como legales.
La Iglesia de la Unificación «perdería credibilidad» como grupo religioso, dijo, lo que a su vez podría llevar a sus miembros a abandonar la iglesia.
Además de perder su exención fiscal, también se les prohibiría poseer propiedades a nombre de la iglesia, explicó, aunque podrían transferir los títulos a particulares antes de que finalice la orden de disolución.
Sin embargo, «no todos los problemas se resolverán porque el tribunal dicte una orden de disolución», advirtió.
Por ejemplo, podrían continuar legalmente con la controvertida práctica de vender artículos religiosos de alto precio que pregonan que conceden el perdón de los pecados, las llamadas ventas espirituales.
Sólo dos grupos religiosos en Japón han recibido una orden de este tipo: uno de ellos fue la secta Aum Shinrikyo, que perpetró el atentado con gas sarín en el metro de Tokio en 1995.
Pero como no existe ninguna ley japonesa que permita prohibir totalmente los grupos religiosos, los dos grupos sucesores de Aum siguen funcionando y reclutando miembros.
Tajika espera que pase «al menos un año» hasta que la orden sea definitiva, ya que es probable que la Iglesia de la Unificación lleve el caso ante un tribunal superior.
