(LifeSiteNews/InfoCatólica) El 29 de julio será un día señalado para los padres de Honduras y de todo el mundo hispanohablante.
Ese día la presidente hondureña Xiomara Castro vetó una ley de «educación integral» que habría convertido las escuelas en campos de reeducación de género para niños pequeños, diciéndoles que su sexo biológico no importa. Lo que importa es cómo se sienten.
El veto marcó una asombrosa victoria de los padres sobre los ataques concertados y bien financiados del sindicato internacional del aborto, el gobierno de Biden y sus aliados sexualmente depravados.
¿Cómo se consiguió la victoria?
En primer lugar, con la ayuda y el aliento del PRI, los padres se organizaron. Crearon una organización llamada «Por nuestros hijos» y salieron a la calle a protestar. A mediados de julio, 50.000 padres celebraron marchas en siete de las ciudades más importantes de este país centroamericano a favor de la vida.
Los padres también consiguieron la ayuda de obispos católicos, sacerdotes y religiosos, y pastores evangélicos. Estos apoyaron vocalmente la masiva protesta pública, en contraste con el silencio de los líderes religiosos en otros países cuando los movimientos pro-familia han pedido su ayuda.
No fue fácil convencer a la presidente Xiomara Castro, quien no es provida. Su marido, el expresidente Manuel Zelaya, había sido derrocado en 2009 en medio de una crisis política que dio lugar a innumerables investigaciones por corrupción.
Además, ambos han contado con el apoyo de presidentes de izquierdas y comunistas, desde el chino Xi Jinping al brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, pasando por el clan Kirchner argentino.
Pero Xiomara Castro sabe contar papeletas. Las multitudes masivas la convencieron de que, por su supervivencia política, más le valía estar con los padres.
Es probable que la administración Biden no esté muy contenta con ella en estos momentos. La ayuda exterior estadounidense a Honduras y otros países se está utilizando para promover la licencia sexual, el aborto y la ideología de género. La propia Xiomara Castro fue cortejada por la administración desde el momento en que juró su cargo. Kamala Harris, famosa por su apoyo al aborto y a la «Agenda de Género», asistió a su toma de posesión en enero de 2022.
El veto de la presidente Castro fue aún más sorprendente porque, al emitirlo, había ido en contra de su propio partido gobernante, la mayoría de cuyos miembros votaron a favor de la ley cuando se aprobó en la legislatura el 8 de marzo.
Desde el día en que se propuso por primera vez en el Congreso, la «Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo en Adolescentes», como se denomina, se enfrentó a una seria oposición en todo el país.
La ley es un caso de libro de texto de los intentos en países de toda América Latina de promover la «educación sexual integral», una etiqueta que suele utilizarse como nombre inofensivo para un programa de adoctrinamiento forzoso en la ideología de género.
La ley habría ordenado que, desde su primer día en la escuela, se enseñara a los niños que su sexo biológico ya no es importante, y se les diría que pueden ser lo que quieran: hombres, mujeres, bisexuales... Se les enseñaría que el sexo sólo es importante como fuente de placer.
A los niños se les habrían contado las mismas mentiras de siempre: que pueden tener relaciones sexuales cuando quieran y con quien quieran, siempre que estén a salvo de embarazos o enfermedades de transmisión sexual.
Este programa fue diseñado para alejar a los niños de sus padres, insistiendo en que un ingrediente fundamental de «sus derechos sexuales y reproductivos» es el acceso a los anticonceptivos, e incluso al aborto, sin el conocimiento ni el consentimiento de sus padres.
En Honduras, el Fondo de Población de la ONU llevaba años trabajando para comercializar el tema de la «educación sexual para la prevención del embarazo adolescente» promoviendo, por paradójico que suene, la actividad sexual a una edad temprana. Otras agencias de la ONU, parlamentarios progubernamentales y ONG locales cantaron la misma melodía.
La ley se llamó «medida urgente para proteger a las niñas hondureñas», pero no era hondureña en absoluto. El sindicato internacional del aborto la introdujo en el país, utilizó sus millones y su influencia para patrocinar actos y propaganda con el fin de crear la apariencia de un consenso social. Incluso reclutaron a activistas «religiosos» para añadir credibilidad moral a sus esfuerzos.
Sin embargo, no fue cierto. La ley se anunciaba como una respuesta al problema de los embarazos adolescentes, pero su verdadero propósito era inyectar «ideología de género destructiva promovida por organizaciones internacionales» en las escuelas y en las mentes impresionables de los niños menores de edad.
