(Agencias/InfoCatólica) La resolución judicial ordena a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a las autoridades locales que no distribuyan los libros hasta que se resuelva de fondo la legalidad de los nuevos materiales.
El portavoz de UNPF, Israel Sánchez ha recordado que los libros son elaborados con los impuestos de los ciudadanos:
«Estos libros de texto no corresponden a la realidad del país y el hecho de que tu quieras entregar libros que no sirven no es correcto por las grandes necesidades que hay. Se entregan libros que a fin de cuentas cuestan, no son libros gratis, se pagan con los impuestos».
Aparte de contenidos de educación sexual inaceptable para cristianos y del adoctrinamiento en ideología de género, diversos expertos en educación han denunciado la deficiente eficacia pedagóica de los libros. Es el caso de Alfonso Araujo, que da ejemplos muy claros de dicha deficiencia en su artículo La pedagogía ausente.
Además de conseguir la paralización vía judicial, la UNPF ha entregado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) 112.594 firmas con la exigencia de que se frene la distribución de los libros escolares que se usarán en el nuevo periodo académico de 2023-2024, que comienza el 28 de agosto.
