(GaudiumPress/InfoCatólica) Preocupaciones están surgiendo entre defensores de la salud mental y activistas Pro-Vida en Canadá, ante la perspectiva de ampliar las leyes sobre el suicidio asistido. Esta ampliación permitiría la búsqueda de tratamientos médicos terminales incluso en situaciones donde no exista una aflicción fatal.
En junio de 2016, Canadá dio luz verde a la legalización del suicidio asistido, limitándolo a adultos que enfrentaban enfermedades mortales irreversibles. Sin embargo, en 2021, el gobierno canadiense decidió postergar por dos años la posible extensión de estos servicios a personas con problemas de salud mental. La razón detrás de esta espera radica en la necesidad de evaluar cómo se podría administrar de manera segura la Atención Médica para Enfermos Terminales (MAiD, por sus siglas en inglés) en el contexto de enfermedades mentales.
A principios de este año, el gobierno tomó la decisión de extender aún más este plazo por un año adicional. Por lo tanto, será a mediados de marzo de 2024 cuando los ciudadanos canadienses que luchan contra enfermedades mentales podrán presentar solicitudes para acceder al suicidio asistido.
El debate se ha intensificado en Canadá ante la posibilidad inminente de permitir el suicidio asistido incluso en ausencia de una enfermedad terminal. Los críticos argumentan que esta ampliación de la ley posibilitaría que las personas soliciten y reciban asistencia para el suicidio, aún sin enfrentar una enfermedad que les amenace la vida de manera inminente.
Un informe de Reuters resaltó esta situación, al presentar el caso de Lisa Pauli, una canadiense de 47 años que ha revelado su intención de utilizar la próxima extensión de la legalidad del suicidio asistido en el país para poner fin a su propia vida. A pesar de no padecer una enfermedad terminal, Pauli ha luchado contra la anorexia durante una parte de su vida. Anticipando las próximas leyes, espera poder solicitar una dosis letal de medicamentos recetados por un médico para poner fin a su sufrimiento. «Estoy muy cansada. terminé», expresó Pauli en sus declaraciones a Reuters.
Jeff Gunnarson, líder de la Coalición conservadora de la Campaña por la Vida, está preocupado por la posible ampliación de las leyes de eutanasia en Canadá que permitirían el acceso a la ayuda médica para enfermos mentales y planea oponerse a cualquier iniciativa que facilite el acceso a la eutanasia a través de la llamada ayuda médica para enfermos terminales.
Según él, la MAiD permite que personas fuertes y sanas terminen con la vida de los vulnerables bajo la premisa de la autonomía. Christian Elia, director ejecutivo de la Liga Católica por los Derechos Civiles (CCRL), también se opone a esta tendencia y planea luchar contra la próxima política de salud mental que permitiría la extensión del suicidio asistido. La CCRL critica la falta de protección para médicos objetores de conciencia y destaca el liderazgo de la Iglesia Católica en la provisión de cuidados paliativos dignos en Canadá.
Elia aseguró tener «esperanza» en que la ley para los enfermos mentales no termine siendo aprobada. «Eso no pudo ser hecho hasta ahora», mencionó. «Tenemos esperanza. Ha habido un retroceso. El retroceso ya causó este aplazamiento».
Aunque algunos activistas que no han sido críticos con la MAiD están expresando su inquietud por su posible expansión para abarcar enfermedades mentales, otros están manifestando preocupación al respecto.
Lauren Clegg, integrante del Centro para la Adicción y la Enfermedad Mental en Toronto, ha destacado la preocupación pública expresada por este grupo sobre la intención del gobierno de permitir la MAiD para personas con enfermedad mental como única condición médica. El grupo busca respuestas de expertos sobre si la enfermedad mental puede ser considerada «grave e irremediable» para los propósitos de la MAiD, y qué criterios se usarían para determinar la irreversibilidad de la enfermedad mental.
«Los problemas principales en la actualidad son: a) la manera en la cual la terminalidad ha sido propuesta y el perjuicio que esto está causando, b) los criterios pobremente y mal definidos para paliativos y decisiones para terminar la vida, c) la ausencia completa de cómo la MAiD afecta desproporcionadamente a los más vulnerables en nuestra sociedad», dijo.
