(Agencias/InfoCatólica) El fiscal Alessandro Diddi concluyó las cinco audiencias de reconstrucción de los hechos y solicitó una condena de 7 años y 3 meses de prisión para Becciu, junto a otras nueve personas, por los delitos de «peculado y abuso de poder» que han sido objeto de investigación desde 2021.
Diddi señaló que Becciu fue el principal responsable en la adquisición fraudulenta de un edificio de lujo en la plaza londinense de Sloane Square, utilizando fondos provenientes del Vaticano. Esta operación ilegal resultó en una pérdida estimada de entre 139 y 189 millones de euros para la Santa Sede.
Durante las audiencias, el fiscal describió a Becciu como el «verdadero instigador» de diversas operaciones similares y agregó que el purpurado italiano ordenó la manipulación de las cuentas de la Secretaría de Estado para ocultar estas actividades fraudulentas de los controles correspondientes.
Tras la audiencia, la última antes de las vacaciones de verano, los abogados Maria Concetta Marzo y Fabio Viglione, defensores del cardenal Angelo Becciu, emitieron un comunicado de prensa.
«Las exigencias del Promotor de Justicia no tienen en cuenta los resultados del juicio – se lee entre otras cosas – que demostraron la absoluta inocencia del cardenal de la operación del edificio de Londres y de todos los demás cargos. »En cuanto a las exigencias del Promotor – añaden – ni siquiera un día sería una pena justa».
Becciu ejerció entre 2011 y 2018 como número dos de la Secretaría de Estado vaticana. El Papa le retiró sus derechos cardenalicios por ser el principal implicado en la trama por la que está siendo juzgado.
Resto de solicitudes de condena
Para monseñor Mauro Carlino, acusado de extorsión y abuso de poder, se solicitaron cinco años y cuatro meses de prisión, además de inhabilitación perpetua y una multa de 8.000 euros.
Para Enrico Craso, considerado responsable por la Oficina del Promotor de blanqueo de capitales y autoblanqueo, fraude, malversación, abuso de funciones, cohecho, extorsión, percepción indebida de desembolsos en perjuicio del Estado, falsedad material en documento público cometida por un particular, falsedad en escritura privada y percepción indebida de desembolsos en perjuicio del Estado, se pidieron nueve años y nueve meses, además de inhabilitación perpetua y 18.000 euros de multa.
Para Tommaso Di Ruzza, abuso de funciones, abuso de autoridad y violación de los deberes inherentes a un cargo público, cuatro años y tres meses, más inhabilitación temporal y 9.600 euros; para Cecilia Marogna, malversación, cuatro años y ocho meses de prisión, inhabilitación perpetua para cargo público y multa de 10.329; para Raffaele Mincione, autoblanqueo, fraude, malversación, apropiación indebida de funciones, cohecho, once años y cinco meses, inhabilitación perpetua y 15.450 euros.
Para Nicola Squillace, blanqueo de capitales y autoblanqueo, fraude y malversación, seis años de prisión, suspensión del ejercicio profesional y multa de 12.500 euros; para Fabrizio Tirabassi, blanqueo de capitales y autoblanqueo, malversación, corrupción, fraude y extorsión, trece años y tres meses, inhabilitación perpetua y 18.750 euros; para Gianluigi Torzi, blanqueo de capitales y autoblanqueo, malversación, cohecho, fraude, malversación y extorsión, siete años y seis meses de prisión, inhabilitación perpetua y 9.000 euros; para René Brülhart, acusado de abuso de funciones, tres años y ocho meses de prisión, inhabilitación temporal y 10.239 euros de multa.
Todo ello además de varias confiscaciones, que ascienden a varios millones de euros; y las demandas presentadas contra las empresas implicadas: Logsic Humanitarne Dejavnosti; Prestige Family Office; Sogenel Capital Investment; HP Finance.
