(Agencias/InfoCatólica) La redacción de la sentencia fue escrita por el presidente del alto tribunal, el juez John Roberts, y apoyada por los cinco magistrados conservadores. Las tres juezas progresistas se opusieron.
El fallo indica que «Muchas universidades han determinado erróneamente durante demasiado tiempo que lo más fundamental en la identidad de un individuo no son los desafíos que ha superado, las habilidades que ha dominado o las lecciones que ha aprendido, sino el color de su piel. La historia constitucional de este país no tolera esa decisión»
Roberts arremete contra el voto particular de las magistradas progresistas por preferir «un poder judicial que elige ganadores y perdedores en función del color de su piel. La minoría ciertamente no permitiría políticas universitarias que discriminaran a los solicitantes negros e hispanos, pero está perfectamente dispuesta a permitir que estas políticas continúen».
Desde que comenzó este caso en 2018 con la denuncia presentada contra Harvard por una asociación que representaba a estudiantes de origen asiático, fue evidente que el asunto acabaría llegando al Tribunal Supremo. Con la jubilación del juez Kennedy y su reemplazo por el juez Kavanaugh, parecía evidente que la legalidad de la discriminación racial tenía los días contados. Hasta el día de hoy, las universidades podían utilizar la justificación de la «diversidad» en su alumnado para discriminar basándose en la raza en el proceso de admisión. Aunque esta práctica no podía ser reconocida abiertamente, los datos dejan en claro que es ampliamente extendida en casi todo el país.
Una de las consecuencias de dicha práctica habitual es que los exámenes de acceso a las universidades han dejado de ser un factor clave para dicha admisión, de forma que muchos estudiantes blancos y asiáticos con mejores notas que los de las razas discriminadas positivamente, se quedaban fuera de los estudios universitarios, algo que ocurría muy especialmetne en Harvard.
El fallo advierte a los centros universitarios que «a pesar de la afirmación contraria de la opinión minoritaria, las universidades no pueden simplemente mantener el régimen que hoy consideramos ilegal solicitando ensayos a los estudiantes o empleando otros medios. (Un voto particular no suele ser la mejor fuente de asesoramiento jurídico sobre cómo cumplir la opinión mayoritaria)»
