(CatholicWeekly/InfoCatólica) Expertos católicos en bioética y derecho han pedido que se proteja jurídicamente a los niños nacidos vivos tras un aborto, en una audiencia de una comisión del Senado de Australia el 8 de junio.
La ley no obliga a los profesionales de la salud a proporcionar cuidados o tratamientos médicos o paliativos a los niños que sobreviven a un aborto.
Los senadores Matthew Canavan y Alex Antic presentaron el pasado noviembre un proyecto de ley en el Parlamento Federal para proteger a estos recién nacidos, tras la derrota de una iniciativa similar del ex diputado George Christensen a principios de año.
El proyecto de ley exigiría que un niño nacido vivo tras un aborto recibiera el mismo tratamiento médico o los mismos cuidados paliativos que un recién nacido.
Los profesionales de la salud que no lo hicieran serían procesados, pero una mujer cuyo hijo muriera sin ayuda tras un aborto no sería responsable.
También se responsabilizaría a los profesionales de la salud de notificar los nacimientos de niños nacidos vivos como consecuencia de interrupciones del embarazo, para corregir el problema de la insuficiencia de datos.
La doctora Bernadette Tobin, directora del Centro Plunkett de Ética de la Universidad Católica Australiana, escribió en su informe a la Comisión de Legislación sobre Asuntos Comunitarios: «Este proyecto de ley exige lo que debería ser algo sencillo. Recuerda a la comunidad que, ante la ley, los niños nacidos vivos en cualquier circunstancia (incluidos los nacidos tras intentos de interrupción del embarazo) son seres humanos y, por tanto, los profesionales sanitarios tienen la misma obligación de atenderlos que a cualquier otra persona que necesite atención médica urgente».
«El proyecto de ley no interfiere en las leyes sobre el aborto. Si se aprobara, lo único que haría sería aclarar que las leyes sobre infanticidio, es decir, la provocación deliberada de la muerte de un recién nacido por acción u omisión, se aplican en estas circunstancias».
La doctora Joanna Howe, académica de Derecho de Adelaida, y el Dr. Johnny Sakr, profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame Australia, también fueron invitados a comparecer en una audiencia pública de la comisión en el Parlamento el 8 de junio.
Howe explicó en su presentación escrita que, a pesar de que los requisitos de información varían según los estados y territorios, la información obtenida de los informes de los médicos forenses y de los medios de comunicación muestra que 328 niños nacieron vivos después de un aborto en Queensland y 396 niños en Victoria durante los 10 años comprendidos entre 2010 y 2020.
Citó nueve casos, entre ellos el de un niño que fue dado de alta del hospital siendo un bebé de 10 meses, y el de Jessica Jane, a la que un forense del Territorio del Norte informó de que se dejó padeciendo durante 80 minutos hasta que murió, tras un intento de aborto en un centro médico en 2000.
El doctor Sakr afirmó que el proyecto de ley es necesario para subsanar una laguna en la legislación australiana que permite de hecho el «homicidio ilegítimo» de niños nacidos vivos como consecuencia de un aborto.
«El aborto no equivale a un homicidio porque el niño en el útero no está reconocido como “persona” en Australia porque no ha “nacido vivo”.
Sólo hasta que un niño nace vivo está dotado de personalidad y, por tanto, puede ser reconocido como una víctima separada.
De ello se deduce que negarse a prestar atención médica a un niño que nace vivo equivale a permitir que se mate a una persona, lo que justifica el cargo de homicidio», declaró.
Se presentaron 122 alegaciones a la investigación, entre ellas la de la organización abortista Marie Stopes International, en contra del proyecto de ley.
El director ejecutivo de la Asociación de Salud Pública, Terry Slevin, lo ha criticado como un ejercicio de «señalización de valores» que sigue medidas similares en Estados Unidos y «niega la libertad reproductiva de las mujeres».
