(C-Fam/InfoCatólica) El proceso de elaboración de normas digitales para vigilar, moderar y censurar el discurso en línea se está llevando a cabo con el pretexto de combatir la «violencia de género facilitada por la tecnología», y cuenta con el respaldo de más de una docena de países.
Las normas obligarían a los gobiernos y al sector privado a censurar proactivamente las críticas a la ideología de género como forma de «incitación al odio». También obligarían a las plataformas en línea y a los proveedores de Internet a hacer cumplir la ortodoxia feminista mediante algoritmos automatizados e inteligencia artificial, según lo que se ha dado en llamar un enfoque de «seguridad por diseño».
La idea de estas normas se lanzó por primera vez en la Cumbre para la Democracia de 2022, en colaboración con Dinamarca. La iniciativa del Departamento de Estado, titulada «Alianza Mundial para la Acción contra el Acoso y el Abuso en Línea por Razón de Género» está orientada a abordar una amplia gama de conductas, y no solo las conductas delictivas contra las mujeres.
«Algunas formas de violencia de género facilitadas por la tecnología son delictivas; otras no lo son, pero no por ello dejan de ser perjudiciales», según una actualización de la iniciativa realizada por el Departamento de Estado durante la Cumbre para la Democracia.
El sitio web del Departamento de Estado describe la violencia de género facilitada por la tecnología como «cualquier acto cometido, asistido, agravado o amplificado por el uso de tecnologías de la información y la comunicación u otras herramientas digitales, que cause o pueda causar daños u otras violaciones de los derechos y libertades».
La definición es lo suficientemente amplia como para abarcar cualquier intercambio en línea de información u opiniones contra el aborto o para promover la protección de los niños en el vientre materno, en consonancia con la definición de «violencia de género» de los mecanismos de derechos humanos de la ONU.
Providismo y violencia de género
«La denegación del acceso al aborto se ha identificado como una forma de violencia de género contra la mujer, que puede equivaler a tortura y/o trato cruel, inhumano y degradante», reza una nota informativa de la oficina de derechos humanos de la ONU que resume la cuestión.
Las normas se financiarán y promoverán mediante «una programación de múltiples partes interesadas centrada en las supervivientes, basada en los derechos, informada sobre los traumas, interseccional y transformadora del género».
Se espera que se propongan para su adopción en un acuerdo de las Naciones Unidas denominado Pacto Mundial Digital, que será aprobado por la Asamblea General en septiembre de 2024. Google, Microsoft, Meta y otros grandes actores de la tecnología digital y en línea ya están colaborando con los gobiernos para desarrollar y hacer cumplir las normas. Deben ser vistos como parte de los esfuerzos de censura ya en curso por parte de los gobiernos expuestos por los archivos de Twitter y está siendo apodado el «Complejo Industrial de la Censura».
La administración Biden ya intentó y fracasó en su intento de incluir una definición amplia de la violencia de género facilitada por la tecnología en un acuerdo sobre la educación de las mujeres a principios de este año en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU. Los diplomáticos estadounidenses pidieron específicamente que el acuerdo reconociera el papel de los gobiernos a la hora de dirigir los medios de comunicación sociales y las plataformas de medios tradicionales para censurar y moderar el contenido en función de su potencial para contribuir a la «violencia de género», a pesar de que este tipo de censura dirigida por el gobierno está ampliamente considerada como una violación de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
A pesar del revés sufrido en las Naciones Unidas, en la Cumbre del G7 celebrada el mes pasado, el gobierno de Biden y otros gobiernos occidentales se comprometieron a «redoblar los esfuerzos para coordinar los enfoques de prevención y respuesta al acoso y abuso en línea y a la violencia de género facilitada por la tecnología», así como a combatir la desinformación y la desinformación bajo el epígrafe de «apoyo a la libertad de los medios de comunicación».
