(Asia news/InfoCatólica) El ayuntamiento de Seúl y el Ministerio surcoreano de Trabajo propusieron un proyecto piloto para extender el visado E-9 a las empleadas domésticas extranjeras. El objetivo de la iniciativa es facilitar a las familias la contratación de nuevos trabajadores -en particular personal procedente de países del sudeste asiático- y reducir el costo de las tareas de cuidado. Pero Seúl también espera que, al atraer a trabajadoras más jóvenes y económicas, se reduzca el número de surcoreanas que se ven obligadas a renunciar a su trabajo para dedicarse al cuidado de la familia, lo que repercutiría positivamente en la crisis demográfica del país.
Durante el proyecto, que podría empezar ya el próximo otoño, las trabajadoras domésticas extranjeras recibirán un salario mínimo de unos siete dólares por hora, una cifra muy inferior a la de las trabajadoras coreanas. La cuestión ha suscitado diversas dudas: por un lado, las cuidadoras coreanas temen perder su empleo; por otro, las trabajadoras extranjeras corren el riesgo de sufrir abusos. En efecto, las trabajadoras del Sudeste Asiático son generalmente más jóvenes, pero también tienen menos formación y son más vulnerables. Según un estudio de Amnistía Internacional, el personal extranjero en Corea del Sur -en su mayoría mujeres- se enfrenta a condiciones desfavorables relacionadas con la discriminación, entre ellas la salarial, las dificultades de comunicación y la falta de un sistema de protección adecuado.
A pesar de las dudas, la iniciativa recibió la aprobación del alcalde de Seúl, Oh Se-hoon, que ya había propuesto una solución de este tipo el año pasado, inspirándose en proyectos que se pusieron en marcha en Hong Kong y Singapur. La ampliación del visado E-9 se suma a una serie de medidas adoptadas para atajar el descenso de la natalidad. Entre ellas, por ejemplo, se encuentra el Happy Parents Project (Proyecto Padres Felices), que se anunció hace poco y que pondrá en marcha medidas de apoyo a las familias con dos o más hijos. Desde 2017, el costo asociado al mercado de la vivienda -especialmente en Seúl- comenzó a volverse insostenible, y además de la caída en picada de la natalidad, la capital también se enfrenta a la despoblación, ya que sus residentes pasaron de 10,97 millones en 1992 a 9,49 millones en 2022.
Aunque la población de Corea está en descenso desde 2021, la tasa de fertilidad del país empezó a bajar en los años sesenta. Según las últimas cifras publicadas por Statistics Korea, la tasa de fertilidad bajó a 0,78 en 2022, con una reducción del 4,4% en los nacimientos respecto al año anterior. Se trata del valor más bajo de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Desde 2005, combatir el descenso de la natalidad se ha convertido en una prioridad política para los sucesivos gobiernos surcoreanos, y desde 2016 se han gastado más de dos mil millones de dólares en políticas que hasta ahora no dieron los resultados deseados.
Las razones detrás de la caída abrupta de la natalidad son muchas, pero principalmente están relacionadas con una cultura laboral que no permite un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida personal. Como consecuencia, disminuyó el deseo de las mujeres de casarse y fundar una familia sacrificando sus ambiciones profesionales. A esto se añade el aumento de los precios del mercado inmobiliario y de la manutención de los hijos. Según un estudio del YuWa Population Research Institute, un think-tank con sede en Beijing, Corea del Sur es el país más caro del mundo para criar a un hijo hasta los dieciocho años a causa del aumento en costo de la educación en un país conocido por su extrema competitividad.
La crisis demográfica podría convertirse en el mayor reto para el gobierno de Yoon Suk-yeol: hace poco el presidente ordenó reevaluar las políticas de natalidad vigentes para determinar las razones de su fracaso. Sin embargo, esa reevaluación podría poner al descubierto la naturaleza polifacética del colapso de la natalidad y conducir a nuevas soluciones menos unidimensionales y más adecuadas para una nación que está reevaluando su relación con la planificación familiar en muchos sentidos.
