(LifeNews/InfoCatólica) Ya se cuenta con un poco de información respecto a los primeros análisis del caso judicial que se inició el 25 de abril de 2023 para que la ley de suicidio asistido de California sea declarada ilegal e inconstitucional.
La United Spinal Association, Not Dead Yet, Institute for Patients' Rights, Communities Actively Living Independent and Free, Lonnie VanHook, e Ingrid Tischer han puesto en marcha una demanda en California para anular la ley de suicidio asistido de California con el objetivo de que el caso llegue al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para anular las leyes de suicidio asistido en todo el país.
En el caso se alega que la ley de suicidio asistido es un plan discriminatorio que crea un sistema médico de dos niveles en el que las personas con tendencias suicidas reciben respuestas de tratamiento radicalmente diferentes por parte de sus médicos y protecciones del Estado en función de si la persona tiene lo que el médico considera una «enfermedad terminal», que, por definición, es una discapacidad según la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Los demandantes son todas las organizaciones con miembros que tienen discapacidades, personas individuales con discapacidades y/u organizaciones que abogan por las personas con discapacidades.
El caso afirma que las leyes de suicidio asistido se sitúan dentro de una larga historia de leyes y prácticas estatales estadounidenses que perjudican y discriminan directamente a las personas con discapacidad con el argumento de que la vida de esas personas no es tan digna de protección como la de otras. También afirma que la ley de suicidio asistido de California conduce a la muerte a personas vulnerables en lugar de proporcionarles cuidados y servicios de apoyo.
Los miembros de Plaintiff United Spinal con lesiones medulares experimentan a veces depresión y pensamientos suicidas al tener que adaptarse a vivir con su discapacidad tras la lesión. La mayoría de las personas con enfermedades potencialmente mortales que dicen que quieren morir en realidad están pidiendo ayuda para vivir, es decir, ayuda para hacer frente a los síntomas y las necesidades prácticas comunes a vivir con una discapacidad terminal: depresión, ansiedad sobre el futuro, dolor, opciones de atención inadecuadas, dependencia, falta de control, miedo al sufrimiento físico y desesperación espiritual.
El caso afirma que se discrimina a las personas con discapacidades terminales privándolas de las protecciones otorgadas a otras personas bajo la ley de California, en violación de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades («ADA») y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 («Sección 504»).
Los programas de prevención del suicidio del Estado están diseñados para garantizar que la expresión de ideación suicida de una persona sea suficiente en sí misma para desencadenar la atención de salud mental, independientemente de si desea o no tratamiento. El suicidio asistido priva a los demandantes y a sus miembros del acceso a estas intervenciones para preservar la vida debido a sus discapacidades.
De igual forma, el caso afirma que la ley de suicidio asistido viola la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda al no incluir suficientes salvaguardias para garantizar que una persona con problemas de juicio o indebidamente influenciada no reciba y/o ingiera fármacos letales para el suicidio asistido por un médico sin el debido proceso adecuado en la renuncia a su derecho fundamental a vivir.
El hecho de que la ley no exija un rechazo exhaustivo, o al menos con conocimiento de causa, de las alternativas menos restrictivas al suicidio asistido -incluidos los servicios de prevención del suicidio, los cuidados paliativos, los cuidados paliativos y otros servicios de apoyo personal que presta actualmente el Estado- viola también la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda.
En el caso se pide al tribunal que declare ilegal e inconstitucional la ley de suicidio asistido de California.
