(Asia News/InfoCatólica) En los últimos días, dos nuevas formaciones políticas se han aliado con la coalición gubernamental: el New Welfare Party (YRP) y el Huda-Par. Para la Alianza Popular, este matrimonio de intereses podría debilitar los derechos de las mujeres y de las minorías (además de los refugiados sirios) y desplazar cada vez más a la derecha el eje de un futuro ejecutivo dirigido por el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP)
Los analistas y expertos coinciden en que las elecciones presidenciales y legislativas previstas para dentro de unas semanas parecen las más inciertas y reñidas de los últimos 20 años, en las que dominó el AKP y su líder, Erdogan. De ahí que el «sultán» haya optado por incluir a incómodos aliados de antaño, confirmando un pánico creciente en los círculos gubernamentales ante la presencia de una oposición cada vez más unida y con seguidores en todo el país.
El hecho de que el actual presidente corteje a dos formaciones que apenas superan el 1% de los votos en las urnas no es signo de gran salud politica. No obstante, la maniobra esté en línea con la progresiva radicalización de las políticas de Erdogan, marcadas por el nacionalismo y el islam. Fatih Erbakan, líder del YRP, renovó en 2018 el partido fundado por su padre en 1983 pero conservó la línea religiosa y antilaica que ya había inspirado el movimiento Milli Gurus, bien arraigado en la diáspora -especialmente en Europa, gracias a una amplia red de escuelas y mezquitas. Recientemente, un miembro del grupo juvenil suscitó una agria polémica cuando declaró que esperaba que «pronto» Turquía introdujera la sharia.
Como es obvio, el apoyo de los movimientos extremistas tiene un precio: las dos partes han presentado al menos 30 demandas, entre ellas la anulación de la ley 6248 de 2012, que combate y castiga la violencia contra las mujeres y los niños. Una postura demencial, según el abogado Gokcecicek Ayata -entrevistado por al-Monitor-, considerando que en Turquía al menos tres mujeres son asesinadas a diario en episodios de violencia doméstica.
El hecho marca que se ha cruzado una «línea roja», así lo definió incluso una parte del AKP, que en julio de 2021 -con el apoyo explícito de su líder Erdogan- sancionó la retirada del país del Convenio de Estambul para prevenir y combatir la violencia de género y la violencia doméstica. Otra exigencia innegociable para el líder del New Welfare Party es el cierre de todas las asociaciones y colectivos que defiendan los derechos LGTBQ+ o luchen por la igualdad en la sociedad. «Nuestro presidente», explica una nota del partido, «es extremadamente meticuloso al respecto».
Dilek Bulut, activista de un movimiento feminista de izquierdas, afirma que cualquier debate sobre cambios en la Ley 6284 haría a las mujeres más vulnerables a los abusos y el acoso. «En un entorno en el que la violencia y la discriminación contra las mujeres van en aumento y son cada día más brutales», quienes anularon el Convenio de Estambul revelan ahora su verdadero rostro al utilizar la Ley 6284 como tema de negociación.
