(Fides/InfoCatólica) Liderando este triste ranking se encuentra Burkina Faso con 60 atentados, seguido de Mali con 36 y después Níger con 14, Camerún con 11 y, lo que resulta preocupante, los estados ribereños del Golfo de Guinea: Benín y Togo.
Los principales grupos yihadistas son el Estado Islámico en el Sahel (EIS) y el Grupo de Apoyo Islámico y Musulmán (Jamāʿat nuṣrat al-islām wal-muslimīn, JNIM) vinculado a Al Qaeda.
Estos dos grupos compiten entre sí por controlar las zonas entre Mali, Níger y Burkina Faso, por donde han pasado durante siglos las rutas de las caravanas y ahora el comercio legal e ilegal. Para contener al Estado Islámico en el Sahel, el JNIM habría promovido un pacto de no agresión con otros grupos armados que operan en Malí, negociado directamente por su líder, el tuareg Iyad Ag Ghaly. Este último habría celebrado una serie de reuniones a finales de enero tanto en Kidal, en el norte controlado no por el Estado maliense sino por una coalición de grupos armados dominada por los tuareg, como en Ménaka, donde predomina el Estado Islámico en el Sahel, lanzando un desafío a este último.
Recientemente circularon por los canales sociales afiliados al EIS imágenes de las secuelas de un violento enfrentamiento entre el Estado Islámico en el Sahel y el JNIM que tuvo lugar en la zona de Tasmakatt, en Burkina Faso, en las que se veían armas y equipos arrebatados al grupo rival.
«La tensión creciente entre ambos grupos coincide con la salida de los ejércitos de Francia y otros países europeos de Mali y Burkina Faso, así como con el consiguiente aumento de la violencia terrorista que afecta a ambos países, cuyos ejércitos no han demostrado, por el momento, ser capaces de contrarrestar el terrorismo yihadista», señala el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.
La inestabilidad provocada por la violencia de estos grupos armados ha desencadenado un fuerte movimiento de población en las zonas afectadas que necesita ayuda alimentaria para sobrevivir. Sólo en Burkina Faso, el Programa Mundial de Alimentos (PAM) anunció a finales de 2022 que casi 3,5 millones de personas necesitarían ayuda alimentaria de emergencia en los próximos meses.
