(La Razón/InfoCatólica) Según informa La Razón, se trata de dos proyectiles lanzados por un Fokker trimotor de las Líneas Aéreas Postales Españolas militarizado por la República, que sobrevoló el templo la madrugada del 3 de agosto de 1936 con su mortífero lastre.
De las cuatro bombas que arrojó, una cayó al Ebro, otra sobre el pavimento de la plaza del Pilar y dos en el interior de la catedral, dañando el mural de Goya frente a la Santa Capilla y causando daños en la cúpula. Pero ninguna explotó, lo que dio lugar a la creencia, en el bando nacional y entre la población maña, de un milagro por intercesión de la Virgen.
Otras versiones más prosaicas apuntan a la escasa pericia del piloto –volaba demasiado bajo, cuando estaban diseñadas para explotar por encima de los 500 metros–, que el material no estaba en las mejores condiciones e incluso que los proyectiles no llevaban espoleta.
En memoria de aquel día, las dos bombas están expuestas en uno de los pilares junto a la entrada, y aún permanecen los dos boquetes que dejaron al caer. Sendos proyectiles y una inscripción en latín en la iglesia de la Santa Cruz están recogidos por la enmienda presentada por Mulet en el Senado. La leyenda esculpida en piedra contiene alusiones a «la guerra de liberación de la patria», pero también está señalada por Mulet la huella de la bomba sin explotar –en forma de cruz– caída en la plaza del Pilar.
Según el texto de la propuesta, Compromís cree que estos elementos vulneran la Ley de Memoria Democrática por encontrarse en lugares declarados Bien de Interés Turístico y Cultural (BIC). Se ampara en el artículo 35 de la norma: «Se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura».
El deán dice que no han recibido comunicación alguna
El Senado ha enviado dos requerimientos, al Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación General de Aragón, para interesarse por el proceso de retirada de los dos proyectiles. El deán del Cabildo, Joaquín Andrés Aguilar, señala a La Razón que «de momento no tenemos ninguna comunicación oficial», y «mientras no se sigan los cauces legales» no estarán en disposición de «poder aclarar la situación» y, en su caso, «cumplir la ley». Pero descarta que pueda hablarse de «odio» en el templo, «ni por simbolismo ni predicación».
