(Agencias/InfoCatólica) Los diputados deberán redactar un nuevo texto que resuelva las dudas planteadas por el tribunal en la indefinición del concepto de sufrimiento de gran intensidad, que el presidente del Constitucional, João Caupers, ha calificado de «intolerable».
«El tribunal ha entendido que el legislador, incluso después de haber desarrollado esfuerzos para aclarar algunos conceptos utilizados en la versión anterior, optó por ir más allá, alterando algunos aspectos esenciales», ha afirmado Caupers en la lectura de la sentencia, que en esta ocasión ha salido adelante por una ajustada mayoría de siete votos a favor y seis en contra.
La ley define el sufrimiento de gran intensidad como un sufrimiento «físico, psicológico y espiritual», algo que para los jueces no está claro si es «acumulativo» o «alternativo». Los magistrados piden una aclaración sobre si es necesario o no sentir los tres tipos de sufrimiento o si basta con solo uno de ellos para considerarlo como de gran intensidad.
Problemas de forma
A pesar del rechazo del Constitucional, la diputada socialista Isabel Moreira, una de las impulsoras del texto, ha celebrado que se trate de un motivo de forma y no de fondo. «Aparentemente, las dudas del Tribunal Constitucional se basan en una palabra [la conjunción y]. Los jueces quieren que aclaremos si los conceptos ‘físico, psicológico y espiritual’ son acumulativos, algo que para nosotros ya está absolutamente explícito. Pero si se trata de corregir una palabra, aquí estaremos para hacerlo», ha afirmado Moreira.
La diputada socialista ha celebrado que el tribunal haya dejado de lado otras dudas de fondo planteadas por el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, quien optó por vetar la ley políticamente en el intento anterior, sin pasar por el Tribunal Constitucional. Entre esas dudas estaba el concepto «enfermedad fatal», que fue sustituido por los partidos por «enfermedad grave e incurable. Los magistrados no han expresado ninguna duda al respecto y, por tanto, los diputados entienden que el concepto está claramente definido».
Lo cierto es que es la segunda vez que el TC de Portugal anula una ley de eutanasia por falta de precisión en sus términos.
Satisfacción en el episcopado
El secretario de la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) acogió con satisfacción la sentencia.
«La decisión del TC está en línea con la posición del CEP, que siempre ha afirmado la inconstitucionalidad de cualquier iniciativa legislativa que ponga en peligro la vida, es decir, la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido», dijo el padre Manuel Barbosa a la Agencia ECCLESIA.
La CEP se manifestó en contra de la ley con una nota en la que los obispos consideraban que la aprobación de esta legislación rompe «el principio ético fundamental que se traduce en la prohibición de causar intencionadamente la muerte».
«Rompiendo esta barrera, se espera avanzar hacia la ampliación de las situaciones en las que se puede solicitar la muerte asistida, con un impacto social real», añadió la nota del episcopado católico.
Los obispos portugueses lamentaron que la muerte provocada se presente como «una respuesta y una solución para las personas que padecen enfermedades, en fase terminal o no, o debido a graves discapacidades».
En un comunicado, la Federación Portuguesa por la Vida (FPV) afirma que «acoge con gran alegría la decisión del Tribunal Constitucional. En los seis años transcurridos desde que la muerte a petición (ndr:suicidio asistido o eutanasia) se llevó al Parlamento, las asociaciones profesionales, el Consejo Nacional de Ética de las Ciencias de la Vida y amplios sectores de la sociedad civil se han pronunciado en contra. La muerte a petición fue rechazada una vez en el Parlamento, vetada por el Presidente de la República y rechazada dos veces por el Tribunal Constitucional. Hoy está claro que no hay una buena ley de eutanasia», indica la nota, hecha pública ayer tarde.
El FPV «espera que, desde el respeto a la democracia, tras el evidente rechazo a la legalización de la muerte a petición, sus defensores respeten a la sociedad y a los órganos de soberanía».
