(CruxNow/InfoCatólica) Mientras las autoridades peruanas aplican el amplio estado de emergencia decretado por la presidenta Dina Boluarte en respuesta a semanas de protestas mortales, los obispos del país han pedido el fin de la violencia y han ofrecido oraciones por las víctimas y el país.
El pasado fin de semana, el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, ofreció una misa dominical por las 53 personas que han muerto hasta ahora en las protestas, cuyas fotos decoraban el altar mayor de la catedral de Lima, y por sus familias.
Monseñor Castillo pidió a los peruanos que «no se dejen robar la esperanza» en medio de la agitación, y dijo que el derramamiento de sangre de tantos ciudadanos «no clama venganza, sino misericordia y paz, rectificación de conductas y conversión, para que termine esta oscura y tenebrosa espiral de violencia absurda e inaudita».
Asimismo, el arzobispo mostró su consternación por el dolor y la injusticia de los conflictos sociales actuales, y dijo que el papel de la Iglesia en el caos es ofrecer «una reflexión fundamental, espiritual», mientras que las investigaciones sobre la muerte de las 49 personas asesinadas y la búsqueda de soluciones políticas y económicas «corresponden a otros ámbitos».
«No vamos ni a la derecha ni a la izquierda, ni al centro, vamos al fondo. Ésa es nuestra misión. Todo se puede perfeccionar si se va al fondo de las cosas», dijo, y condenó a quienes persiguen el poder y sus propios intereses.
Cada una de las personas que murieron son un reflejo de Dios, dijo, «Jesús está en el rostro de cada víctima, y cada víctima representa también el rostro del Dios de los humillados, de los aniquilados, que en sus rostros pronuncian su palabra: ¡Paz!».
El fin de semana, el gobierno peruano declaró el estado de emergencia en las regiones de Lima, Cusco y Puno, así como en la provincia de Callao, tras semanas de protestas contra Boluarte que han dejado hasta ahora 53 muertos y un aproximado de 600 heridos. El decreto autoriza al ejército a colaborar con la policía local en el mantenimiento del orden y a limitar algunos derechos, como la libertad de circulación y reunión.
Las protestas estallaron a principios de diciembre tras la destitución del ex presidente peruano Pedro Castillo por realizar un golpe de estado, intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto en un intento de evitar una votación de destitución en su contra.
Al ex presidente Castillo, investigado en varios casos de fraude durante su mandato, se le han designado 18 meses en prisión preventiva acusado de rebelión.
Desde su destitución, los partidarios de Castillo han marchado y levantado barricadas en calles de todo el país exigiendo nuevas elecciones y la destitución de Boluarte, así como una nueva asamblea del Congreso.
Los disturbios son el último capítulo de unos años tumultuosos para Perú, que se ha enfrentado a una continua inestabilidad política en los últimos años, siendo Boluarte la sexta persona que ocupa la presidencia en los últimos cinco años.
Baluarte intentó sofocar las protestas a principios de año enviando un proyecto de ley al Congreso para retrasar las elecciones generales a 2024, pero no disuadió a los manifestantes, que siguen exigiendo su dimisión y la liberación de Castillo, el cierre del Congreso y elecciones anticipadas.
A pesar de los disturbios, Boluarte, que pertenece al mismo partido de izquierdas Perú Libre que Castillo, se niega a dimitir.
En un discurso pronunciado a última hora de la noche del viernes, Boluarte dijo que no dimitiría y lamentó que las protestas se hubieran vuelto violentas. Pidió disculpas por la situación, pero se mantuvo firme en su compromiso con el Perú y rechazó la exigencia de los manifestantes de convocar una asamblea constituyente.
También el viernes dimitieron el Ministro del Interior y la Ministra de la Mujer.
Más de 100 bloqueos de carreteras, instalados por los manifestantes para interrumpir el tráfico, se encontraban el sábado en todo el país, principalmente en el sur, que ha sido el epicentro de las protestas, así como en los alrededores de Lima.
Las autoridades también han reabierto el aeropuerto internacional de Cuzco, que estuvo cerrado durante un tiempo y que es vital para el sector turístico del país.
El día de protestas más mortífero hasta la fecha fue el 9 de enero, cuando 18 personas murieron en Puno, que se encuentra ahora bajo un estricto toque de queda desde las 8 de la tarde hasta las 4 de la madrugada.
El 15 de enero, el primer ministro peruano, Alberto Otárola, declaró que el gobierno está centrado en «tender puentes de diálogo» con Puno y Cusco, donde se concentra la mayor parte de la violencia.
Algunos miembros del clero también se han visto afectados por los disturbios.
Los obispos peruanos están participando en una asamblea plenaria del 16 al 10 de enero para la elección de nuevos funcionarios, y para discutir la crisis actual del país y la necesidad de paz.
En una declaración del 10 de enero tras las muertes en Puno, el consejo permanente de la Conferencia Episcopal Peruana lamentó las muertes, diciendo que, como pastores, sus «sentidas condolencias» van a las familias de los muertos, incluyendo un oficial de 29 años que fue quemado vivo cuando los manifestantes prendieron fuego a su vehículo.
«No podemos volver a los oscuros tiempos de terror que enlutaron a nuestro país durante 20 años», afirmaron.
Por el contrario, los obispos insistieron en que «esta situación requiere el rechazo enérgico y contundente de todos», y exige la afirmación urgente de «¡no a la violencia, venga de donde venga! ¡No más muertes! ¡Sí a la vida! ¡La vida es sagrada!».
«Hacemos un llamado al diálogo y a la paz en el Perú, y unimos nuestras oraciones a Dios Altísimo en favor de las familias afectadas», señalaron.
Asimismo, el cardenal Pedro Barreto de Huancayo, jesuita y aliado del Papa Francisco, dijo al diario peruano El Informativo que, como líderes eclesiásticos, «estamos consternados, estamos con un Perú que nos duele en el alma, porque nunca antes habíamos llegado a esta dolorosa situación de muertes de hermanos que tienen que ser investigadas por la salud espiritual y social no solo de las familias, sino de todos los peruanos».
Pidió acciones conjuntas en beneficio de los necesitados y olvidados del país, especialmente en Puno, donde más del 40 por ciento de la población vive en la pobreza.
«Tenemos que ser conscientes de que debemos revertir esta situación, es momento de recuperar la serenidad, porque la rabia contenida ante los reclamos que son justos no puede llevar a la confrontación, al insulto y al conflicto», dijo Barreto, quien afirmó que la situación actual «nos convoca a todos, empezando por los más pobres y olvidados de nuestra patria».
Hay que hacer justicia, pero sin agresiones, dijo, «debemos generar espacios para crear calma, preguntándonos hacia dónde vamos».
