(Efe/InfoCatólica) La decisión fue anunciada en una nota publicada en la página de Presidencia, en la que pidió al Constitucional la «fiscalización preventiva» de la ley, aprobada por el Parlamento el pasado 9 de diciembre.
«La certeza y la seguridad jurídica son esenciales en el dominio central de los derechos, libertades y garantías», señaló el jefe del Estado, que recordó que el Constitucional ya exigió varios cambios a una versión anterior de la ley en 2021.
Esa versión ha sido «sustancialmente modificada» por el Parlamento en su nueva tramitación, por lo que Rebelo de Sousa quiere que el tribunal confirme que la nueva norma cumple con lo exigido.
El presidente, católico practicante, también apuntó que el documento presenta «indefinición» de algunos conceptos y que no se escuchó a las asambleas legislativas de las regiones autónomas de Madeira y Azores.
Tercer intento
El Parlamento luso aprobó el 9 de diciembre por tercera vez la despenalización de la eutanasia, después de que dos normas anteriores no prosperaran porque el presidente las frenó.
Una primera versión de la norma fue aprobada por el Parlamento en enero de 2021, pero el presidente la envió al Constitucional.
El tribunal la rechazó por considerar que utilizaba conceptos «imprecisos», aunque señaló que la muerte médicamente asistida, por sí misma, no es inconstitucional y abrió la puerta a una nueva tramitación parlamentaria.
La Cámara volvió a aprobar la ley en noviembre, con correcciones y un nuevo artículo para definir algunos términos, como los de muerte médicamente asistida, enfermedad grave incurable, lesión definitiva de gravedad extrema o sufrimiento.
Rebelo de Sousa aplicó entonces un veto político porque tenía «contradicciones» sobre las situaciones de aplicación y la devolvió al Parlamento.
La Cámara consiguió sacarla adelante en diciembre tras una larga tramitación que sufrió varios aplazamientos.
Autodeterminación como justificación del suicidio asistido
El texto aprobado en diciembre define la muerte médicamente asistida como la que «ocurre por decisión propia» de una persona, «en el ejercicio de su derecho fundamental de autodeterminación» y cuando es «practicada o ayudada por un profesional de la salud».
Se aplicará exclusivamente en casos de mayores de edad, con «sufrimiento de gran intensidad, con lesión definitiva de gravedad extrema o enfermedad grave e incurable».
Además, marca un plazo mínimo de dos meses entre el inicio del proceso y la muerte médicamente asistida y establece el acompañamiento psicológico obligatorio para el enfermo.
Tras su aprobación, organizaciones de la sociedad civil, en su mayoría católicas, pidieron al Constitucional y al presidente luso que declarasen la norma inconstitucional.
Nueve entidades, entre ellas la Universidad Católica Portuguesa, Cáritas y el Instituto San Juan de Dios, firmaron un documento que citaba el artículo de la Constitución que estipula que «la vida humana es inviolable».
