(Efe/InfoCatólica) Becciu está siendo juzgado en el Vaticano por las irregularidades en la gestión de los fondos de la secretaria de Estado, de la que fue número dos entre 2011 y 2018, como el caso de la compraventa, que terminó en estafa, de un edificio en el centro de Londres.
Sin embargo, durante la 37 audiencia, ayer jueves, el fiscal reconoció que en otra trama del proceso el purpurado italiano estaba siendo investigado con otras tres personas del delito de asociación ilícita.
Para ello el Vaticano, un Estado independiente, emitió una rogatoria para que el Tribunal de la ciudad italiana de Sassari facilitara documentación sobre una investigación de la Cooperativa Spes de Ozieri, guiada por Antonino Becciu, hermano del purpurado.
Los abogados del cardenal, Fabio Viglione y Maria Concetta Marzo, han asegurado que no saben nada sobre esta investigación paralela.
Entre la documentación recibida por el Vaticano hay anotaciones de la Guardia de Finanza (policía fiscal) de la ciudad Oristano y una serie de conversaciones por chat sacadas de los teléfonos de una sobrina de Becciu, Maria Luisa Zambrano, y el hermano de este.
Asimismo ha aparecido «un hecho inquietante», según el fiscal: la grabación de una llamada telefónica entre el cardenal y el Papa el 24 de julio de 2021, tres días antes de la apertura del juicio por malversación y diez días después de que el pontífice recibiera el alta tras su operación de colon.
La conversación solo pudo ser escuchada por los jueces y abogados de las partes, pues se debe aún verificar como prueba, pero según el fiscal se escucha a Becciu decirle al Papa: «Usted ya me ha condenado, es inútil que se haga el proceso».
Y después pedía al pontífice que dijera que le había autorizado a hacer pagos de varios cientos de miles de euros a una empresa intermediadora en Londres para la liberación de misioneros secuestrados en África.
Tras el estallido del escándalo y el inicio de la investigación, Francisco retiró todos los derechos cardenalicios a Becciu y le apartó de su cargo como prefecto de la Congregación para la Causas de Los Santos, aunque él siempre ha insistido en su inocencia.
El pasado agosto sin embargo participó en el consistorio ya que, según explicó, el Papa le había «reintegrado».
Becciu está imputado con otras nueve personas en este proceso por malversación, junto a entre otros la empresaria Cecilia Marogna, a la que contrató como una especie de asesora de asuntos diplomáticos.
Además están imputados el bróker Gianluigi Torzi; Enrico Crasso, financiero de referencia de la Secretaría de Estado, así como el expresidente y el exdirector de la Autoridad de Información Financiera (AIF), René Brülhart y Tommaso Di Ruzza, respectivamente.
También Mauro Carlino, exsecretario de Becciu; el banquero Raffaele Mincione, el abogado Nicola Squillace y el funcionario de la Santa Sede Fabrizio Tirabassi.
En la vista de ayer también se trató sobre las cantidades de dinero que el Vaticano de Becciu envió supuestamente a la diócesis de Ozieri y a la cooperativa de su hermano para comprar alimentos que repartir en sus obras de caridad.
En este sentido, la Guardia de Finanza ha facilitado 928 recibos que justificaban las sumas de dinero desembolsadas por la diócesis a la cooperativa del hermano de Becciu.
