(ACN/InfoCatólica) El contenido de la llamada Ley de Protección del Derecho a la Libertad de Religión es «es amargo, brutal y corrosivo en su naturaleza», afirmaba en un comunicado la archidiócesis de Bangalore, dado a conocer por Alfa y Omega. Se anunciaba también que los obispos del estado, «todos los líderes cristianos y otros que defienden el tejido secular de nuestra sociedad democrática» se preparan para combatir la ley en los tribunales. De hecho, ya han presentado su objeción ante la Corte Suprema», por lo que evitaron un pronunciamiento público más detallado.
Se trata de una norma de efecto «retroactivo», con «cláusulas draconianas para aterrorizar a los cristianos», ha denunciado Sajan K. George, presidente del Consejo Global de Cristianos de la India. En declaraciones a Asia News, explicaba que puede presentar una denuncia por supuesta conversión forzada tanto el propio converso como «sus padres, hermanos o cualquier otra persona relacionada con él por sangre, matrimonio o adopción». E incluso alguien «asociado de cualquier forma o un colega».
Penas de cárcel
El texto «deja espacio» para que cualquier persona a quien le moleste la conversión «acose sin razón» a quien considere culpable de la misma. Ante cualquier denuncia, «la carga de la prueba» recae en el acusado, que tendrá que demostrar que la conversión no se ha logrado por medio de «la tergiversación, la fuerza, una influencia indebida, la coacción, la seducción» (por ejemplo mediante la promesa de bienes materiales), cualquier otra forma fraudulenta o mediante el matrimonio.
Si resulta condenado, se le castigará con entre tres y cinco años de prisión. A esto se le podrá añadir una multa de entre 25.000 y 100.000 rupias (313-1.300 euros). Si el converso es menor o mujer, tiene discapacidad intelectual o pertenece a una casta o tribu protegida, la sentencia puede llegar hasta a diez años de cárcel, añadía George.
Esta cuestión es particularmente relevante porque en la India el cristianismo, minoritario en toda la sociedad (en Karnataka no llega al 2 %), tiene más peso entre las castas bajas y los intocables, y entre las poblaciones indígenas marginadas. El Evangelio resulta atractivo para aquellos a quienes de forma generalizada se considera ciudadanos de tercera, y la Iglesia hace una importante labor de promoción social y defensa de sus derechos. Algo que los nacionalistas hindúes presentan como conseguir conversiones a cambio de ayuda.
Anuncio público
Por el contrario, el proceso para que una conversión sea reconocida legalmente y los implicados no sufran consecuencias penales resulta muy complejo. «Quien desea convertirse y el clérigo» que vaya a admitirle en su nueva religión «deberán presentar un formulario especial ante un magistrado de distrito para avisar con 30 días de antelación», explica George. En ella, tendrá que explicitar las razones que le llevan a tomar esa decisión.
La información se colgará en un tablón público para permitir que se presenten objeciones y alegaciones. Esto implica que la conversión solo podrá ocurrir si absolutamente nadie se opone a ella. Incluso en ese caso, «el converso tiene que rellenar un nuevo formulario y comparecer antes de 21 días ante el magistrado para establecer su identidad y confirmar su declaración», abunda el presidente del Consejo Global de Cristianos de la India.
El proyecto de ley ya había tenido el visto bueno de la cámara baja, la Asamblea Legislativa, en diciembre. En mayo, el proyecto de ley fue rechazado en el Consejo Legislativo por un solo voto. Sin embargo, el Gobierno estatal, en manos del partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP) aprobó una ordenanza con el mismo contenido de la ley, explica UCA News. Pero según la Constitución necesitaba que la ley la ratificara en un plazo de seis meses, como ha ocurrido ahora.
Mons. Peter Machado, arzobispo de Bangalore, declaró en mayo que «la comunidad cristiana se siente traicionada cuando no se toma nota de sus sentimientos» sobre el texto. «No se tienen en cuenta sus desinteresados servicios en el campo de la educación, la sanidad y otros ámbitos sociales para el bienestar de todas las comunidades». El prelado ha afirmado que revelará su postura sobre la nueva ley en los tribunales.
