(Agencias/InfoCatólica) El martes pasado el gobierno socialcomunista de España aprobaba el proyecto de Ley del Aborto impulsado por Irene Montero. Entre las medidas incluye la obligación para las farmacias de suministrar la píldora anticonceptiva de emergencia, también conocida como píldora del día después, bajo la amenaza de sancionar a los farmacéuticos que se nieguen a dispensarla, con multas de hasta un millón de euros.
En su artículo 7, el texto señala «que se considerarán adecuadas las existencias de métodos anticonceptivos de urgencia para la prestación del servicio en función de la demanda de cada farmacia», por lo que el farmacéutico no podrá argumentar que no la tiene.
Vulneración de la libertad de conciencia
Este articulado viola la libertad de conciencia profesional, recogida en el artículo 16 de la Constitución. La ministra de Igualdad justificó esta medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros argumentando que se debe «acabar con los obstáculos que impiden el ejercicio efectivo del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo con la red pública como red de referencia». Con este objetivo, «las mujeres que lo necesiten podrán acceder a la píldora del día después de forma gratuita en los centros de salud y ésta deberá, por supuesto, estar disponible de forma obligatoria en todas las farmacias».
Según fuentes del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), «la redacción actual de la futura ley de interrupción voluntaria del embarazo no contempla expresamente la objeción de conciencia para la dispensación de la píldora del día después, aunque está amparada por el Tribunal Constitucional. Creemos que debe evitarse la judicialización y, en el trámite parlamentario, consideramos que el texto de la futura ley debe incluirla para una mayor seguridad jurídica de los farmacéuticos, mayores garantías para los ciudadanos para asegurar siempre su acceso».
Medida electoralista
Según cuenta Marta de Andrés en La Razón, distinta opinión tienen los propietarios de oficinas de farmacia. «La Ley está fatal hecha porque es una medida electoralista, en un momento de desesperación política de Unidas Podemos», señala Luis de Palacio, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE). «Sospecho que la vamos a tener que impugnar, porque va en contra de legislaciones que ya están bien establecidas, como la Ley del Medicamento y la regulación sobre la dispensación de la píldora del día después sin receta médica, que existe desde hace 12 años, desde la época de Zapatero».
La regulación a la que se refiere De Palacio es la que establecía que la píldora anticonceptiva de emergencia se dispensara en farmacias, sin receta médica, pese a ser un fármaco con una concentración de principios activos mucho mayor que las píldoras anticonceptivas estándar, que requieren prescripción facultativa.
«Sin meterme en el tema de la objeción de conciencia, a lo que nos obligará la ley es un disparate desde el punto de vista de la salud y la seguridad de la paciente. En las farmacias, llevamos más de 10 años haciendo consejo farmacéutico al dispensar este medicamento, dado que no es inocuo. Tienes que asegurarte de que la persona que te lo está pidiendo no es alérgica a ninguno de los componentes ni está tomando otros fármacos- como una simple aspirina- que puede tener contraindicaciones. Vamos, que, si se la das así porque si, a cualquiera, por defecto, esa persona puede sufrir un trombo, por ejemplo», destaca.
