(ACIPrensa/InfoCatólica) La semana pasada, el Gobierno del Perú aprobó una nueva norma de formación para todos los empleados y funcionarios públicos acerca del «enfoque de género», en la cual se impartirán talleres a más de 1,5 millones de trabajadores «para la prevención de la violencia y discriminación por género».
Los talleres serán dirigidos por el Ministerio de la Mujer (MIMP) y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). Para muchos, esto representa un gran paso, pero para otros, es una decisión preocupante, como lo afirma Giuliana Caccia, líder profamilia y directora de Origen.
A través de sus redes sociales, Caccia explica: «La preocupación se basa exclusivamente en la experiencia más reciente con respecto a los contenidos que imparten el MIMP y SERVIR en sus redes sociales o sus canales formales de formación».
«Entre estos dos entes, el más evidente es el del Ministerio de la Mujer. Solo por poner algunos ejemplos, sus cuentas de Twitter y Facebook son usadas claramente para compartir contenido vinculado a la agenda LGTBI y a la promoción de la despenalización del aborto».
Sobre el tema del aborto, Giuliana agrega: «se evidenció con mayor fuerza cuando en marzo de este año la actual Ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, dio unas declaraciones a un medio local a favor de este último punto aun sabiendo que es delito en el Perú».
Asimismo, Caccia destaca como preocupante el hecho de que la directora general de Igualdad de género y no discriminación del MIMP, Inés Gisella Martens, «se haya manifestado en contra del derecho de los padres de familia a participar en la elaboración de los materiales educativos» (actualmente la Ley 31498), y que además esté «a favor del aborto (mal llamado ‘terapéutico’)».
«Bajo su dirección, por ejemplo, se ha publicado material con contenido claramente ideológico como la cartilla ‘Pautas para servidoras y servidores públicos. Garantizando servicios con trato igualitario y libre de estereotipos de género’», lamenta la activista Caccia.
(Imagen en la Cartilla «Consideraciones para la identificación y el abordaje de las prácticas de conversión y su afectación a los derechos de las personas LGBTI»
Caccia añade que no es todo, pues la cartilla incluye «términos claramente ideológicos» y asegura «que las terapias de conversión son un delito y prohíbe (bajo pena de denuncia y cárcel) que personas, en ejercicio de su libertad, busquen ayuda o ayuden en terapias de reconversión».
«Además, en el mismo folleto, se hace una manipulación burda de la libertad religiosa. Esto sin dejar de notar en la imagen adjunta que el sacerdote usa una estola con los colores característicos del lobby LGTBI», agregó.
La cartilla califica de «terapia de conversión» cualquier intento de ayudar a una persona a dejar sus atracciones sexuales no deseadas o su confusión de género e iguala esto a prácticas de tortura.
«Esta denominación se usa, en términos generales, para describir un conjunto de prácticas y métodos de naturaleza muy amplia, que se basan en la noción errónea y nociva de que la diversidad sexual y de género son trastornos que se deben corregir. Dichas prácticas son contrarias al principio de igualdad y no discriminación, siendo discriminatorias por naturaleza. Es decir, son crueles, inhumanas, degradantes; y poseen un riesgo considerable de tortura» (Cartilla, página 1)
