(LifeNews/InfoCatólica) En el día de hoy la Casa Blanca y el Departamento de Justicia se reunirán con abogados pro-abortistas para asegurar que los no nacidos no puedan nacer. Quieren proporcionar protección legal a cualquier mujer que viaje a otro estado para abortar, a pesar de que las leyes provida que prohíben los abortos no persiguen a las mujeres, ya que sólo se dirigen a los negocios abortistas y al personal sanitario que practica abortos.
La Casa Blanca ha anunciado así el encuentro:
El fiscal general Merrick Garland, la fiscal general asociada Vanita Gupta, el consejero de la Casa Blanca Stuart Delery y el segundo caballero (ndr:esposo de la vicepresienta) Doug Emhoff, que es a su vez abogado, participarán en la reunión del viernes por la tarde con abogados y miembros de la comunidad del derecho al aborto.
El grupo discutirá cuestiones legales relacionadas con los viajes fuera del estado para abortar, la denegación de servicios, la criminalización y los servicios de salud reproductiva.
La reunión se produce pocos días después de que Biden propusiera una nueva norma para tratar de obligar a los médicos y enfermeros cristianos a realizar y promover abortos allá donde siga siendo legal.
Médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros trabajadores de la medicina pronto podrían verse obligados a ayudar a abortar a los bebés no nacidos o perder sus puestos de trabajo, ya que los políticos pro-abortistas trabajan para deshacerse del derecho a la objeción de conciencia.
El año pasado, el gobierno de Biden retiró una demanda contra un hospital acusado de engañar a una enfermera provida para que abortara a un bebé no nacido. Esa decisión fue sólo un presagio de lo que estaba por venir.
Ahora, el departamento de salud de Joe Biden (HHS) ha publicado una propuesta de norma que reinterpreta la ley federal para prohibir la discriminación basada en la «interrupción del embarazo», una acción que podría obligar a los médicos y hospitales a realizar abortos y a los empleadores a cubrirlos en sus planes de seguro médico. Una norma de este tipo violaría directamente el Título IX (ndr: ley federal de derechos civiles en los EE.UU), que dice explícitamente que no puede utilizarse para exigir a las personas que presten o paguen cualquier servicio relacionado con los abortos.
A principios de este año, los líderes médicos cristianos dieron la voz de alarma sobre un posible nuevo mandato pro-aborto de la administración Biden que podría cerrar la atención médica cristiana en todo Estados Unidos. La nueva norma del HHS revocaría una norma de la administración Trump que protegía a los trabajadores médicos pro-vida de ser obligados a practicar abortos
Los líderes provida han advertido a la administración Biden que no se puede obligar a los trabajadores estadounidenses a elegir entre ejercer sus creencias y poder alimentar a sus familias.
