(Fides/InfoCatólica) La Eparquía Católica de Adigrat ha hecho un llamamiento al gobierno federal, a todos los gobiernos externos que lo apoyan, a los organismos no gubernamentales nacionales e internacionales y a las empresas que están o podrían estar contribuyendo de cualquier forma y medio a la prolongación de esta guerra, asedio y bloqueo. Pide:
«Comprender que esta situación continuada de genocidio silencioso está consumiendo cada día, minuto y hora, un inmenso número de vidas inocentes de niños, mujeres y hombres de todas las edades; dejar de apoyar y alimentar este empecinamiento y en lugar de ello desbloquear y restablecer los servicios básicos a la población de Tigray; hacer presión seriamente y emprender medidas y un diálogo gubernamental pacífico con todos los organismos implicados en el conflicto»
Mons. Tesfaselassie Medhin, obispo de la eparquía, explica a Fides la situación:
«Junto con la gente, mi clero, los religiosos y religiosas, y los laicos de la diócesis, estoy experimentando personalmente el sufrimiento de mi pueblo y no puedo dejar de alzar mi voz contra este doloroso día a día, implorando la paz de nuestro Dios amoroso ante el que me arrodillo diariamente para rezar, y que dio su vida 'para que los hombres tengan vida y la tengan en abundancia' (Jn.10,10)».
Y añade:
«Si no se resuelve esta horrible situación lo antes posible, asistiremos al horror de una crisis humanitaria mucho más grave y a la pérdida de vidas en Tigray. Por ello, como parte del cuerpo más amplio de la Iglesia católica universal y basándonos en sus valores evangélicos y principios de justicia social, hacemos un nuevo llamamiento al gobierno federal, a todos los gobiernos que le apoyan desde el exterior, a los organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, así como a las empresas que están o podrían estar contribuyendo de cualquier forma y medio a la prolongación de esta guerra, asedio y bloqueo».
«Sólo ha llegado algo de ayuda humanitaria en los últimos meses, aunque muy poca en comparación con las necesidades existentes», explica el prelado. Todos los servicios básicos, como el transporte terrestre y aéreo, las telecomunicaciones, la banca, etc., siguen bloqueados. Los bienes y servicios básicos no están disponibles en el mercado o son extremadamente caros, por lo que son inaccesibles para la población. Además, la falta de combustible y dinero, unida a las sanciones impuestas por el gobierno federal, ha impedido que la ayuda humanitaria llegue a las personas afectadas por la guerra que viven en varios distritos rurales y urbanos de la región norte de Etiopía.
Monseñor Medhin destaca la incapacidad de las casas de formación de la Iglesia católica, así como de las instituciones a las que sirven, de prestar servicios adecuados a los fieles y a la población en general. «Es extremadamente difícil o imposible proporcionar los medios de vida pastorales, educativos, sanitarios, humanitarios, de adaptación y mitigación del cambio climático, etc., previstos en los programas de desarrollo sociológico», advierte el Eparca. «El continuo asedio/bloqueo por parte del gobierno y las fuerzas de ocupación nos ha aislado completamente de nuestros pastores y comunidades, del resto del mundo y de nuestras redes católicas internacionales. Como resultado, 5,2 millones de personas se ven obligadas a sufrir desnutrición severa, hambre y casi caristía».
«Estamos muy agradecidos a nuestros socios locales e internacionales que están prestando apoyo y a todos los que están trabajando para poner fin a esta angustiosa crisis humanitaria», concluye Mons. Medhin.
Según el último balance de la Oficina de Educación de Tigray, se calcula que 1,7 millones de alumnos han estado privados de servicios educativos durante casi tres años (Covid-19 seguido de dos años de guerra). Más de dos millones de personas viven en centros de desplazados internos en varias ciudades, pueblos y zonas rurales de Tigray, entre ellos más de 100.000 en Adigrat, sin alimentos, refugio, agua, medicamentos y otras necesidades básicas.
El conflicto se remonta a principios de noviembre de 2020. Se calcula que 7,4 millones de personas viven en una grave situación humanitaria.
