(InfoCatólica) La ley aprobada por las Cortes de Castilla La Mancha pretende que el sexo puede elegirse indepentientemente de la realidad biológica. Dice en su artículo 4:
«Diversidad sexual: hace referencia a todas las posibilidades de expresar la sexualidad, los afectos, el deseo y el erotismo, así como la orientación o identidad sexual y expresión de género de las personas»
Además se entromete en la educación dentro de la familia
«Art. 26. La consejería competente en materia de infancia y familia incorporará programas de información dirigidos a las familias con el objetivo de divulgar las distintas realidades afectivas y sexuales»
Y obliga al profesorado a asumir la identidad sexual que cada alumno elija:
«Art.38. El equipo directivo indicará al profesorado y personal de administración y servicios del centro que se dirija al alumnado por el nombre elegido conforme a su identidad sexual»
Como es habitual en este tipo de leyes, incorpora un conjunto de sanciones dirigidas a quienes no se sometan a la ideología totalitaria que constituye la esencia del texto legal.
Los obispos de la Provincia Eclesiástica de Toledo –que integra la archidiócesis de Toledo, Primada de España, y las diócesis de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Sigüenza-Guadalajara-, han dado su parecer sobre la ley.
Los prelados dicen apoyar «toda iniciativa que favorezca la igualdad real y evite la discriminación que puedan sufrir las personas por razón de sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, como expresa nuestra Constitución. Apoyamos igualmente las medidas, siempre necesarias, que ayuden a evitar la violencia contra personas y colectivos por esos u otros motivos.»
Pero a su vez, dicen sentirse «obligados a manifestar nuestra preocupación por la reciente aprobación de la la ley» porque «se orienta a implantar en la sociedad una concreta forma de entender la naturaleza del ser humano, en la cual se parte de la separación entre el sexo con el que se ha nacido y con el que la persona se identifica, entre el sexo con el que se ha nacido y la elección personal de la orientación sexual».
«De hecho», constatan, «la inmensa mayoría de los preceptos de la ley tienen por objeto incorporar la perspectiva de género de manera transversal y promover las medidas en materia LGTBI en todos los sectores de la sociedad»
Los obispos apuntan que «la ley introduce un importante régimen sancionador, con multas de 3.001 a 30.000 euros para sus infractores, con la prohibición para entidades o personas de recibir subvenciones o, incluso, la inhabilitación temporal, cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación durante un año».
«Además», escriben señalando uno de los aspectos más perversos del texto legal «se invierte la carga de la prueba; es decir, corresponderá a quien se atribuye que ha discriminado a personas LGTBI la aportación de una justificación probada, objetiva y razonable de las medidas supuestamente discriminatorias».
El hombre es lo que es, no lo que elige ser
Los obispos explican las diferencias esenciales entre lo que marca la nueva ley y la realidad antropológica del hombre y su naturaleza:
«El planteamiento antropológico que subyace en esta ley es contrario a la enseñanza del Magisterio de la Iglesia sobre la naturaleza del ser humano y no responde a lo que afirma la ciencia, la cual sostiene que la identidad sexual tiene su fundamento principal en la biología. En definitiva, esta ley pretende ser una visión que contrasta tanto con la fe como con la razón, con consecuencias sobre la esencia de la familia. Dios nos ha creado hombres y mujeres, y la diferencia entre ambos es una verdad.
Y añaden:
«La visión antropológica cristiana parte de la sexualidad como un elemento constitutivo de la personalidad derivado del diseño de Dios. La libre determinación de la personalidad no puede ser contraria a la verdad ni ser manipulada hasta el extremo de olvidar o ignorar lo que el ser humano es. Aunque, ciertamente, se parte del respeto a cada persona y de la coincidencia de voluntades en la lucha contra cualquier expresión de injusta discriminación, la luz de la verdad exige exponer con claridad esta visión».
La carta está firmada por:
+ Francisco Cerro Chaves, Arzobispo de Toledo y Primado de España
+ José María Yanguas Sanz, Obispo de Cuenca
+ Ángel Fernández Collado, Obispo de Albacete
+ Atilano Rodríguez Martínez, Obispo de Sigüenza-Guadalajara
+ Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de Ciudad Real
+ Francisco César García Magán, Obispo Auxiliar de Toledo