(Asia News/InfoCatólica) El arzobispo de Bangalore, Mons. Peter Machado, que también es presidente del Karnataka United Christian forum for Human Rights, ha denunciado la maniobra de presión al gobernador en un comunicado difundido este fin de semana.
Karnataka, gobernado por los nacionalistas hindúes del BJP, se convertiría así en el décimo territorio indio donde entraría en vigor la medida de bandera que los fundamentalistas hindúes esgrimen contra los cristianos. Su objetivo es «frenar» un proselitismo inexistente según los datos, puesto que en la India no se está produciendo ningún cambio en el equilibrio entre las diferentes confesiones religiosas. En Karnataka -un Estado indio con cerca de 61 millones de habitantes- los cristianos se mantienen estables en torno al 2% de la población, frente al 84% de los hindúes y el 13% de los musulmanes. Estos porcentajes son similares a nivel nacional. Sin embargo, en la narrativa de los nacionalistas hindúes la imagen de un enemigo que trabaja para socavar la identidad hindú es funcional a sus objetivos políticos. En Karnataka precisamente se han multiplicado las acusaciones de «conversiones forzadas» en los últimos tiempos, paralelamente al debate local sobre la ley anti conversión.
La medida que propugna el BJP fue aprobada en diciembre por una de las cámaras del parlamento, pero todavía no ha completado su tratamiento legislativo con el debate en el Senado local. Sin embargo el primer ministro del estado, Basavaraj Bommai, miembro del partido del primer ministro Modi, ha pedido al gobernador Thawar Chand Gehlot (la autoridad encargada de promulgar las leyes) que la ponga en vigor inmediatamente con una ordenanza, sin esperar siquiera a que concluya el debate. La insuitada prisa también está relacionada con el hecho de en Karnataka podría haber pronto elecciones locales.
«Es un hecho triste -afirma Mons. Machado en una nota-, y sin duda afectará las relaciones armoniosas que mantenemos con los miembros de todas las comunidades de Karnataka. No se han producido incidentes ni de conversión ni de agresión contra la comunidad. No podemos entender el repentino giro de los acontecimientos y lo que el gobierno tiene en mente con esta disposición, pero no hay duda de que algunos grupos extremistas intentarán crear problemas a los miembros de nuestra comunidad, como ya hemos visto en el pasado, y el gobierno es incapaz de controlarlos».
«En virtud de la auténtica tradición democrática -continuó el arzobispo de Bangalore- los miembros de la comunidad cristiana apelan al gobernador para que no apruebe la ley, teniendo en cuenta la naturaleza de la implicación de la comunidad cristiana en el desarrollo más amplio del Estado y de la comunidad en materia de educación y asistencia sanitaria y social. Somos ciudadanos respetuosos de la ley y depositamos nuestra confianza en el gobierno para que proteja nuestros intereses y preocupaciones. No tenemos ningún inconveniente en que el gobierno actúe contra cualquier exceso o actividad ilegal que pueda demostrarse con pruebas concretas». «Esperamos que el gobernador, que es el jefe de Estado -concluye Mons. Machado- escuche nuestro reclamo y responda a nuestras preocupaciones no aprobando el proyecto de ley anti conversión en Karnataka».
Con Karnataka serían 10 los territorios indios en los que están en vigor leyes anti conversión. El primero en adoptarlas fue Orissa en 1968, seguido de Madhya Pradesh (1968) y Arunachal Pradesh (1978). Pero fue sobre todo con el auge del BJP en la década de 2000 cuando estas medidas se ampliaron y muchas veces incluso se reforzaron, como en Chhattisgarh (2000), Gujarat (2003), Himachal Pradesh (2006), Jharkhand (2017), Uttarakhand (2018) y Uttar Pradesh (2020). En este último caso -que afecta al estado indio más poblado, cuyo gobierno está encabezado por el monje hindú Yogi Adityanath- la medida está en vigor en forma de ordenanza emitida por el gobernador a propuesta del gobierno, como quieren hacer hoy en Karnataka. En Himachal Pradesh y Uttarakhand, además, la legislación local especifica que incluso un matrimonio puede ser considerado una forma de conversión forzada.
En Tamil Nadu ya se habían aprobado leyes anti conversión en 2002 y en Rajastán en 2006, pero en el primer caso se anularon cuatro años después a raíz de las protestas de la comunidad cristiana, mientras que en el segundo fue el gobernador local quien nunca dio el visto bueno a la promulgación.
