(Aica/InfoCatólica) Los obispos reafirmaron su intención de proclamar la defensa de la vida, de todo ser humano, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Algo que niega la ministra peruana.
Si bien, la Iglesia peruana se solidariza con las mujeres que fueron víctimas del delito de violación o acceso carnal violento, confirman que desde su misión pastoral han podido acoger, atender y ayudar a tantas mujeres que, después de haber sufrido este vejamen, siguen cargando con el sufrimiento y la impotencia de ver que la justicia no ha castigado a sus agresores.
Por eso, para la Iglesia el camino antes de acabar con la vida del concebido pero no nacido, es que las autoridades instrumenten leyes y procesos para que los culpables de estos actos paguen por sus delitos.
«Quienes se inclinan por sacrificar la vida del concebido en aras de resguardar la vida de la madre, aún en casos lamentables de violación, parten del presupuesto de que la vida de la madre tiene mayor valor que la del hijo, lo que es arbitrario y falso, y exponen a las madres a las consecuencias de participar en el asesinato de sus propios hijos», expresaron en un comunicado.
Al respecto la Iglesia recuerda que todos los seres humanos poseen la misma dignidad y el mismo valor. En realidad no existe situación, razón objetiva o dificultad humana que autorice matar a un inocente. Además, un mal como la violación no se combate con otro mal, es decir, con el aborto.
Para los obispos peruanos «el concebido es alguien sagrado, y reconoce que tiene alma desde el instante de su concepción. Una vida que biológicamente es distinta a la vida de la madre y que, además, es irrepetible y única», razón suficiente para asegurar que «la sociedad que no es capaz de defender la vida humana naciente, se va a la ruina».
Por otra parte los obispos recordaron que la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, suscrito por el Perú, ordena que «Toda persona tenga derecho a que se respete su vida. Ese derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente».
Y en el contexto nacional los representantes de la Iglesia indicaron que el valor primordial de la vida fue consagrado en el artículo 1 de la Constitución: «la vida humana es el bien supremo de la Sociedad y del Estado, y el Estado tiene la obligación de protegerla», especialmente la de los indefensos. En este sentido la Constitución reconoce que la vida humana se inicia con la concepción, y señalaron que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Sin olvidar que el principal de esos derechos es precisamente el derecho a la vida.
«El primer derecho de una persona es el derecho a vivir, que es el fundamento y condición de posibilidad para ejercer todos los demás derechos. En consecuencia, su defensa debe estar por encima de cualquier otro valor social, económico, psicológico, afectivo, sanitario y familiar», sostuvieron los prelados.
