(CMR/InfoCatólica) Kennedy, quien a pesar de su apellido no pertenece a la familia del que fue el primer presidente católico de EE.UU, explica cuál las razones de su petición y cómo ha actuado desde agosto del año 2020:
«En agosto de 2020, escribí una carta al Departamento de Justicia (DOJ) expresando mi alarma por la violencia en los Estados Unidos dirigida a los católicos y a sus instituciones y propiedades. En esa correspondencia, destaqué ejemplos de los actos de destrucción sin sentido que habían tenido lugar:
Por ejemplo, los alborotadores atacaron una librería regentada por monjas, los vándalos demolieron estatuas sagradas y los pirómanos incendiaron iglesias. En un caso, los delincuentes atacaron una iglesia mientras los fieles aún estaban dentro. Concluí pidiendo que el departamento, que usted dirige ahora, actúe con rapidez y cuidado para poner fin a estos crímenes atroces».
Kennedy señala que el Departamento de Justicia nunca respondió a esa carta y que la violencia contra el catolicismo ha continuado en gran medida sin control.
«Los datos compilados por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos muestran que casi otros 80 ataques más han tenido lugar en América desde agosto de 2020. Mientras que los incendios provocados parecen seguir siendo una ofensa popular, los grafitis y la decapitación de estatuas sagradas también se han convertido en delitos habituales... En mi estado de Luisiana, un delincuente rompió las cabezas de las estatuas de Jesús y de la Virgen María y lanzó macetas y estatuas contra las vidrieras de la iglesia», continua Kennedy.
El senador republicano invoca la libertad religiosa, derecho fundamental garantizado constitucionalmente en Estados Unidos, y asegura que si las autoridades no se esfuerzan en perseguir a quienes cometen estos actos violentos contra la Iglesia y los fieles católicos, en la práctica se seguirá vulnerando gravemente este derecho:
«La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza la libertad de religión. Sin embargo, durante la pandemia del COVID-19, las personas de fe experimentaron una importante interferencia en la práctica de su religión. Si el gobierno sigue permitiendo que estos crímenes queden impunes, se inhibirá aún más la práctica y el disfrute de la gente de su derecho fundamental y constitucional. Por lo tanto, vuelvo a pedir que el Departamento de Justicia aumente sus esfuerzos para identificar y perseguir a los delincuentes que atacan a personas y propiedades católicas, de modo que las decenas de millones de católicos de nuestro país puedan seguir practicando su fe con seguridad», concluye Kennedy.