(ACI/InfoCatólica) El domingo 27 de febrero alrededor de medio millón de personas marcharon a lo largo y ancho de Colombia para defender la vida de los no nacidos y en rechazo al reciente fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta los seis meses de embarazo.
Se está exigiendo su renuncia inmediata y que se anule la sentencia pues va en contra del artículo 11 de la Constitución, de los acuerdos y tratados internacionales y de la propia jurisprudencia de la Corte», precisó el grupo en un comunicado.
El 21 de febrero la Corte Constitucional de Colombia estableció, por 5 votos a 4, que el aborto «solo será punible cuando se realice después de la vigésimo cuarta (24) semana de gestación y, en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos fijados en la sentencia C-355 de 2006».
Esto quiere decir que hasta la semana 24 de gestación el aborto no será un delito punible, sin importar el motivo por el que sea realizado; y que luego de este plazo se puede practicar bajo las causales establecidas por el fallo de la Corte Constitucional de 2006.
Las marchas, a la que asistieron todas las asociaciones provida del país y personas de todos los credos, se desarrollaron en un ambiente «de gran dolor e indignación pero al mismo tiempo de alegría y entusiasmo», señala plataforma.
La Conferencia Episcopal Colombiana (CEC) también animó a los fieles a unirse a la «Jornada extraordinaria de Oración por la Vida», especialmente a «los párrocos, comunidades religiosas, movimientos eclesiales y pequeñas comunidades, para que desde sus diferentes ambientes pastorales se promueva la jornada y animen a los fieles laicos a vivir momentos de oración».
Los obispos colombianos aseguraron que la sentencia a favor del aborto pone en riesgo el orden social y el Estado de Derecho
El 27 de febrero, durante la concentración, se hizo público un «Manifiesto por la defensa de la vida» en el que se asegura que el pueblo colombiano «está herido, con mucho dolor, porque no acepta que estas cinco personas le impongan al país una sentencia de muerte».
En ese sentido, se aseguró que Colombia «no descansará hasta que se restablezca y se garantice el derecho a la vida desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural».
«El pueblo colombiano luchará para que esta nefasta sentencia sea anulada. Utilizaremos todos los medios legales, políticos, culturales y sociales que nos brinda el estado de derecho para restablecer precisamente el derecho a la vida, que ha sido vulnerado de manera sistemática por los fallos de la Corte Constitucional desde hace décadas», precisa el manifiesto.
El texto también pide a los cinco magistrados que dictaron la sentencia, Antonio José Lizarazo Ocampo, José Fernando Reyes, Julio Andrés Ossa, Diana Fajardo y el saliente Alberto Rojas, que «renuncien a sus cargos y sean apartados de cualquier cargo público, y que además respondan judicialmente ante el pueblo por este abuso de poder».
«Acogemos a las madres que pasan por embarazos inesperados o difíciles y exigimos se les de toda la información y el apoyo por parte del Estado a través de políticas públicas que les permita llevar a feliz término su gestación», solicita el manifiesta de los grupo provida.
Finalmente, se invitó al país «a repensar el papel y la función de la Corte Constitucional que se ha convertido en un órgano que rompe el equilibrio de poderes, destruye el sistema democrático, deforma con sus reinterpretaciones de manera constante y sin límites la Constitución que juró proteger, traicionando así la razón para la que fue creada que es fundamentalmente salvaguardarla».
«Colombia es un país que ama y respeta la vida, que no quiere nuevas violencias elaboradas desde los despachos de la Corte Constitucional, especialmente las que permiten y promueven la masacre de nuestros bebés por nacer. Seguiremos movilizados hasta parar esta masacre», concluye el manifiesto.
