(Efe/InfoCatólica) Los investigadores tratan de esclarecer si fondos del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el banco vaticano, y de la Conferencia Episcopal italiana acabaron en manos de entidades y personas relacionadas con el cardenal Becciu.
Este y otras nueve personas, entre empleados laicos y religiosos del Vaticano y empresarios internacionales, están imputados en un juicio en el que se trata de esclarecer si cometieron delitos como malversación de fondos, blanqueo de dinero, fraude y abuso de poder.
Los hechos juzgados se remontan a 2013, cuando la Secretaría de Estado vaticana compró un edificio en Londres supuestamente con dinero del Óbolo de San Pedro, institución que recauda donaciones de católicos para financiar obras benéficas de los papas.
Becciu era el responsable de esas operaciones, pues era número dos para los Asuntos Generales de la Secretaría entre 2011 y 2018, pero el año pasado el papa le obligó a renunciar al verse salpicado por el escándalo y a renunciar a sus derechos cardenalicios.
El cardenal, de 73 años y que siempre ha defendido su inocencia, es el más alto funcionario vaticano juzgado por delitos financieros.
Ahora los investigadores quieren saber si fondos de instituciones de la Santa Sede fueron a parar a la cooperativa Spes de Cerdeña, cuyo propietario es Tonino Becciu, hermano del cardenal.
El obispo de la diócesis de Ozieri, Corrado Melis, confirmó la operación de la Guardia de Finanza pero la calificó sin fundamento ya que se ejecutó el pasado julio, según un comunicado de sus equipo legal.
Melis aseguró que se demostrará «la plena legalidad» de las acciones de la diócesis, de Cáritas y de su brazo operativo, la cooperativa Spes, cuyo único objetivo es de «naturaleza solidaria y caridad institucional»
