(EP/InfoCatólica) El informe de la ponencia incorpora dos cambios introducidos fruto de una enmienda transaccional entre el PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Cs para que el supuesto acoso que se ejerza a los trabajadores y profesionales de las propias clínicas también sea objeto de pena, y para que no sea necesaria la denuncia para la persecución de los hechos.
Con esta iniciativa, todos aquellos «actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos» que «menoscaben la libertad de las mujeres», serán castigados con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o bien con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, y establece que el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares durante un periodo de 6 meses a 3 años.
Reproches de los partidos abortistas
Desde el PSOE, Laura Berja ha reprochado al PP que «se ponga de lado de Vox y de los que hostigan a las mujeres». «Es muy triste que ustedes no evolucionen», les ha reprochado, recordando que hace 11 años intentaron «boicotear» también la ley del aborto. «No se entiende que en un país como el nuestro, la derecha esté tan cerca de la ultraderecha», ha recriminado Berja, que considera «fascismo» llamar a la libertad de elección «exterminio». «El aborto es un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, por más que le duela a muchos diputados de esta sala», ha finalizado la socialista.
Martina Velarde, de Unidas Podemos ha defendido la propuesta, señalando que al igual que los abortistas no van a la Iglesia a decirles a las mujeres que tienen el derecho a abortar, tampoco pueden ir «quienes rezan» a las clínicas a «acosar y coaccionar a las mujeres para que no ejerzan su derecho al aborto». «No hay nada menos cristiano que quienes utilizan el rezo para golpear las libertades de las mujeres», ha dicho.
También la diputada de Ciudadanos, Sara Giménez ha apoyado la proposición, pues ésta «reconoce el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo en caso de embarazo» y porque, a su juicio, «el sistema tiene que ofrecer libertad para el ejercicio y la garantía del derecho al aborto». Giménez ha lamentado que haya grupos en contra de la iniciativa, en referencia a PP y Vox, y ha calificado de «insostenible» que las mujeres se enfrenten a situaciones de «hostigamiento» en un «estado democrático avanzado» como el nuestro.
Desde ERC, Pilar Vallugera ha defendido también el texto, y ha negado que, como dicen PP y Vox, sirva para limitar los derechos de opinión o reunión, asegurando que lo que hacen los ‘provida’ en los alrededores de las clínicas es «imponer sus creencias» con «amenazas» y «coacciones», lo que constituye «un ejemplo más de violencia machista en nuestras calles».