(InfoCatólica) El viernes 5 de noviembre, poco antes de disolver la Asamblea, en vísperas de Navidad y de las elecciones anticipadas del 30 de enero, el bloque de izquierda aprueba la ley de eutanasia en Portugal.
De este modo, después de una serie de retoques, a la segunda va la vencida, después de que el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, hace ocho meses, consiguiese detenerla haciendo uso de su prerrogativa presidencial de remitirla al Tribunal Constitucional.
El partido socialista portugués lo había tomado como una cruzada: 138 votos a favor, 84 en contra y cinco abstenciones. La izquierda radical, los comunistas y el Bloco de Esquerda, además de que los «conservadores» del PSD no impusieron disciplina parlamentaria, así que como en otros países, votaron a favor de la ley.
La redacción era una cuestión clave
El presidente, Rebelo de Sousa que es catedrático de Derecho Constitucional y católico practicante consideró para recurrir al Tribunal Constitucional que «el artículo dos recurre a conceptos excesivamente indeterminados en la definición de los requisitos para permitir la despenalización de la muerte médicamente asistida».
Por eso esta vez la redacción ha intentado ser más precisa, aunque patalearon mucho las izquierdas en su día, súbitamente han desaparecido todas las ambigüedades e imprecisiones.
Disposiciones revisadas
Según informa Francisco Chacón en ABC, cuatro disposiciones fueron revisadas por los diputados para sortear las dificultades. Únicamente así ha sido posible la reasignación.
Y es que a Rebelo de Sousa le llamó la atención en su momento que se utilizaran «conceptos claramente indeterminados» en los requisitos para despenalizar la muerte médicamente asistida, una sospecha refrendada por el Tribunal Constitucional, que inicialmente consideraba «inconstitucionales» las cláusulas cuarta, quinta, séptima y vigesimoséptima.
La ley tumbada establecía la eutanasia para los supuestos de «sufrimiento intolerable, con lesiones definitivas de gravedad extrema, de acuerdo con el consenso científico, así como enfermedad incurable y fatal».
La controversia persiguió el proceso de tramitación de la normativa. Incluso dentro de la propia izquierda saltaron chispas.
Así, el comunista Antonio Filipe expresó con rotundidad: «La muerte es inevitable, no un derecho fundamental. Si fuese un derecho, no sería lícito hacer depender la anticipación de la muerte de la decisión de terceros». Todo lo contrario que Moisés Ferreira, del Bloco de Esquerda: «Se trata de la libertad de la persona para decidir cómo va a pasar los últimos momentos de su vida. La vida es un derecho, pero no una obligación más allá del sufrimiento».
Pero, en el último momento, los ‘socios’ comunistas dieron su brazo a torcer y su frontal posición en contra ha sido vencida en la nueva fase de negociación.
El Gobierno socialista portugués llegará, pues, a la extinción del actual arco parlamentario con los macabros deberes hechos en lo que se refiere a uno de sus proyectos estelares: la ley de eutanasia.
Y la ley que será enviada ahora al Presidente de la República define como «muerte médicamente asistida» la que «ocurre por decisión propia, en ejercicio de su derecho fundamental a la autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad, cuando se practica por profesionales de salud».
El «suicidio médicamente asistido» se define como la «autoadministración de fármacos letales, por parte del médico o profesional de la salud debidamente capacitado para ello».
¿Podrá el Presdidente volver a detener la ley?
Con los cambios aprobados este viernes, los defensores del texto confían en que el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, descarte enviar de nuevo la norma al Constitucional.
Rebelo de Sousa manifestó en varias ocasiones los meses previos a la primera aprobación que «para avanzar la ley de la despenalización de la muerte médicamente asistida en Portugal tendrá que haber un gran consenso en la sociedad portuguesa y ser aprobada por más de los dos tercios de los diputados de la Cámara», lo que no ocurrió el 19 de enero del año pasado y tampoco ahora, que obtuvo el 60% de los diputados.
Sectores de la sociedad portuguesa se empiezan a movilizar para que el presidente vete o envía al Constitucional la nueva ley.
