(Asia News/InfoCatólica) Escenas de violencia que recuerdan a la guerra civil (1975-1990) estallaron ayer en uno de los lugares más emblemáticos del conflicto: la rotonda de Tayouné en Beirut, uno de los puntos críticos de la primera línea de demarcación. Esta avenida separa los barrios predominantemente cristianos de Aïn el-Remmaneh, de los predominantemente chiítas de Chyah.
La violencia comenzó alrededor de las 11 de la mañana cuando, según fuentes fidedignas, se produjeron disparos desde los techos de algunos edificios contra manifestantes de Hezbolá y Amal que se dirigían al juzgado para exigir la destitución del juez Tarek Bitar, a cargo de la investigación sobre la explosión en el puerto que devastó la capital libanesa el 4 de agosto de 2020.
A pesar de la presencia masiva del ejército, durante tres horas continuaron los intensos enfrentamientos, incluso con el uso de granadas B-7, entre francotiradores y milicianos del partido chiíta. El saldo es de al menos 5 muertos y cerca de veinte heridos, informan fuentes hospitalarias citadas por las agencias. El tiroteo provocó pánico en las calles y barrios aledaños. El gran colegio de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, ubicado en la plaza Tayouné, fue evacuado en un clima de pánico. Muchos residentes fueron asistidos por Defensa Civil y evacuados de los departamentos más expuestos. Acudieron numerosas ambulancias para socorrer a los heridos en las calles desiertas.
Los incidentes tomaron por sorpresa a los servicios de inteligencia del ejército. El barrio quedó acordonado y las patrullas militares invadieron los edificios desde los cuales se habrían hecho los disparos. El ejército advirtió que sus tropas abrirían fuego sin previo aviso contra cualquier civil armado. Las tensiones disminuyeron por la tarde, pero es evidente que estos incidentes tendrán graves repercusiones en el país.
El desencadenante ha sido la investigación de la trágica explosión en el puerto de Beirut, que parece haber alcanzado un importante punto de inflexión con la orden de arresto emitida contra el ex ministro de Finanzas Ali Hassan Khalil, mano derecha de Nabih Berry, el presidente de la Cámara, así como la citación del ex jefe de gobierno Hassane Diab. La situación se agrava por el hecho de que el juez de instrucción, Tarek Bitar, actúa dentro de una estructura judicial excepcional, la Corte de Justicia, cuya competencia abarca los delitos contra la seguridad del Estado y cuya sentencia es inapelable.
El Consejo de Ministros convocado por el jefe de Estado para el lunes no se pudo reunir por miedo a que cayera el gobierno que encabeza Najib Mikati, que asumió sus funciones hace tan solo un mes. Los ministros chiítas y sus aliados habían amenazado con renunciar si el juez Bitar no era relevado del caso. La posición del presidente es bastante clara: el Consejo de Ministros no tiene derecho a apartar a un juez de un caso, según el principio de separación de poderes. Solo puede hacerlo el Consejo Superior de la Magistratura si constata una violación grave de los deberes correspondientes a su cargo. Hezbolá acusa a Bitar de «politizar la investigación». Antes de tomar una decisión, sin embargo, el Consejo debe asegurarse de que estas acusaciones estén justificadas.
Además, desde el punto de vista legal y político, la posición de Hezbollah ha quedado muy debilitada por la visita de uno de sus altos funcionarios, Wafic Safa, al tribunal y por sus reuniones con el presidente del CSM y el Fiscal General ante el Tribunal de Casación. Esta intervención directa (e inusual) de la agrupación chiíta en el curso de la investigación judicial plantea serios interrogantes.
Según la información publicada por el diario L'Orient-Le Jour, «Hezbolá dispone de información precisa según la cual el juez Bitar pretende atribuirle a ese movimiento gran parte de la responsabilidad por la explosión del puerto, concretamente en lo que se refiere a la llegada de nitrato de amonio a Beirut y su uso para fabricar explosivos. Según las mismas fuentes, el magistrado se propone sancionar a Wafic Safa, jefe de la unidad de coordinación de Hezbolá, por lo que considera una reiterada injerencia en el expediente sobre lo ocurrido en el puerto».
De ser así, se asestaría un duro golpe a la imagen que la formación chiíta quiere dar de sí misma, implicándola en una catástrofe sin precedentes en la historia del Líbano. Además, el proceso que podría iniciar el juez Bitar llegaría en vísperas de las elecciones legislativas y tendría un impacto importante no solo en sus propias filas sino también en las relaciones con su principal aliado cristiano, el CPL, que no oculta su posición de apoyo al juez.
