(C-Fam/InfoCatólica) El informe de septiembre, elaborado por el experto independiente Víctor Madrigal-Borloz, que trabaja bajo los auspicios del Consejo de Derechos Humanos, sostiene que existe una importante «reacción» contra los avances en materia de derechos humanos conseguidos por los homosexuales y transexuales, y que esta reacción amenaza y perpetra violencia contra estas personas.
Madrigal-Borloz señala que esta reacción proviene de un «fuerte aumento de los líderes políticos ultraconservadores y de los grupos religiosos que utilizan sus plataformas para promover el fanatismo, deshumanizar a las personas... y fomentar el estigma y la intolerancia entre sus electores».
Madrigal-Borloz cita un informe que afirma que los grupos «antigénero» de Estados Unidos recaudaron 6.200 millones de dólares entre 2008 y 2013 y que estos grupos canalizaron 1.000 millones de dólares en todo el mundo para luchar contra el auge de los derechos LGBT. Dicho informe es del Philanthropy Project, una coalición de fundaciones de izquierda, dos de las cuales -Fundación Ford y Fundación Arcus- gestionan un total de 14.700 millones de dólares. El principal grupo «antigénero» citado en su informe es la Organización Internacional para el Matrimonio, que sólo recaudó 247.000 dólares en 2019.
Uno de los pocos grupos que Madrigal-Borloz menciona por su nombre es la Iglesia católica. Madrigal-Borloz dice que «la doctrina de la complementariedad de la Santa Sede... sostiene que las mujeres no son iguales sino que tienen roles sociales complementarios...» Madrigal-Borloz argumenta que la forma de entender la familia por parte de la Iglesia Católica es una violación de la legislación vigente en materia de derechos humanos.
Madrigal-Borloz afirma que tales opiniones «crean un riesgo significativo para la promoción de los derechos de la mujer y pueden fomentar la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género». Cita los esfuerzos realizados en Estados Unidos para garantizar que los niños con confusión de género no practiquen el deporte de las niñas.
El informe se refiere a estas creencias como «narrativas excluyentes» que equivalen al discurso del odio e incluso a la violencia. Tales narrativas «explotan las ideas preconcebidas, el estigma y los prejuicios para crear una atmósfera de pánico y preocupación moral y crea el riesgo de perpetuar la violencia y la discriminación».
Madrigal-Borloz pide a los Estados miembros de la ONU que «adopten medidas decisivas y concertadas para contrarrestar las prácticas excluyentes que amenazan con socavar los marcos internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos y de género...» En especial, afirma que «las prácticas de exclusión no son conformes con el derecho internacional de los derechos humanos y deben ser tratadas en consecuencia, incluso... incluyéndolas en el marco jurídico de la incitación al odio y los delitos de odio».
Cabe señalar que la Asamblea General de la ONU nunca ha reconocido el «género» como una construcción social. De hecho, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, un tratado de derecho imperativo de 1998, definió el «género» como hombres y mujeres.
La Asamblea General nunca ha reconocido la «orientación sexual e identidad de género» como una categoría de no discriminación. El derecho internacional tampoco reconoce el concepto de «transgénero».
El informe de Madrigal-Borloz es un documento de objetivos que no tiene fuerza de ley, pero que sin duda será utilizado por otros actores de la ONU para promover estas ideas. También puede ser utilizado por los gobiernos nacionales para hacer ilegal incluso la crítica a la ideología de género.
