(NCRegister/InfoCatólica) La legislatura de Massachusetts celebró una audiencia pública sobre la Ley de opciones para el fin de la vida el 1 de octubre. El proyecto de ley permitiría a los médicos recetar medicamentos letales a pacientes con seis meses o menos de vida. La Ley de opciones para el fin de la vida útil se basa en una legislación similar en Oregon.
Según la doctora en cuidados paliativos Laura Petrillo, la legislación «no es apropiada para Massachusetts».
Petrillo, quien tenía su base en California antes de mudarse a Massachusetts, dijo que cuando California instituyó su propia ley de suicidio asistido, se utilizó «tiempo y cuidado» para discernir mejor cómo implementar la ley. Dijo que el suicidio asistido en California provocó un «cambio dramático en la forma en que se practica la medicina y afecta profundamente a todos los involucrados. Con la pandemia de coronavirus, es el "peor momento posible" para tener este tipo de conversaciones».
Es más, explicó Petrillo, el deseo de suicidio asistido no es de ninguna manera «un sentimiento universal» y que el deseo de acelerar la muerte es a menudo uno de un «segmento privilegiado de la sociedad.
La gran mayoría de los pacientes solicitan el suicidio asistido para tener un control absoluto sobre el momento de su muerte, no por dolor u otros factores. Por el contrario, las personas con un historial de maltrato por parte del sistema médico, los pobres, los discapacitados y las personas de color, sienten que sus vidas están siendo amenazadas por una ley como esta».
John B. Kelly, un activista de los derechos de las personas con discapacidad y escritor con sede en Boston que dirige varios grupos preocupados por los derechos de las personas con discapacidad y contra el suicidio asistido, estuvo de acuerdo con Petrillo en que el suicidio asistido tiende a ser visto con buenos ojos por un segmento privilegiado de la sociedad.
Kelly señaló que, en 2012, los «pueblos ricos y en su mayoría blancos» votaron a favor de legalizar el suicidio asistido en Massachusetts, mientras que los pueblos de clase trabajadora y los pueblos con una población predominantemente minoritaria se opusieron. Esa medida no fue aprobada por una votación del 51,9% contra el 48,1%.
También estuvo de acuerdo con la opinión de Petrillo de que el suicidio asistido se trata principalmente de control, arraigado en el miedo a la discapacidad.
«Se trata de escapar de la angustia existencial que algunas personas experimentan al depender de otras, de sentirse indignas y como una carga», dijo Kelly.
En lugar del suicidio asistido, Kelly sugirió que Massachusetts se moviera para financiar la atención domiciliaria de los pacientes, «para que nadie tenga que depender de cuidadores no remunerados y enfrentar la perspectiva de un hogar de ancianos o un suicidio asistido.
Massachusetts debería proporcionar cuidados paliativos de clase mundial. La igualdad ante la ley depende de ello».
Kelly, quien se describió a sí mismo como un tetrapléjico «paralizado de los hombros hacia abajo», dijo que, para él y otras personas con discapacidades graves, «calidad de vida» son «las tres palabras más temibles del idioma inglés».
«Estas leyes promueven que se descarte a las personas por tener una calidad de vida demasiado baja», dijo Kelly. Agregó que la pandemia ha exacerbado aún más esta mentalidad, mencionando específicamente las muertes de Michael Hickson y Sarah McSweeney, dos personas con discapacidad.
Durante una hospitalización con neumonía antes de la pandemia de coronavirus, Kelly dijo que su hermano fue interrogado por su médico sobre su posible calidad de vida, algo que, según él, no habría sucedido si no estuviese discapacitado.
«¿Cómo se atreve ese médico a hacer una pregunta como esa cuando no se la haría a alguien con un caso similar de neumonía pero que tenía una vida supuestamente normal?
Pedimos a la gente que simplemente observe la opresión aplastante de las personas discapacitadas y las ideas que fluyen libremente en la sociedad de que algunas personas están mejor muertas que vivas. Podría ser un cartel del movimiento “mejor muerto que discapacitado”».
Stephanie Packer, una mujer de California con esclerodermia, habló sobre cómo Medi-Cal, el programa Medicaid de California, le había negado la cobertura del tratamiento para su enfermedad, pero le ofrecieron medicamentos para su suicidio por un copago de solo $ 1.20.
«No se dan cuenta de lo peligrosas que son estas leyes», dijo Parker, y agregó que su compañía de seguros racionalizó que sería «más barato» que ella muriera.
California, dijo, incluso tuvo en cuenta el ahorro de costos cuando estaba analizando la legalización del suicidio asistido en la legislatura estatal.
«California predijo de antemano que ahorrarían dinero cubriendo las drogas letales. [El suicidio asistido] no es lo que somos como persona. Hay mejores formas. Las voces de los pacientes están siendo silenciadas en este momento y son vulnerables a que todo se lleve a cabo con fines monetarios».
