(Diario Médico/InfoCatólica) La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) recoge la puesta en marcha de un registro central obligatorio de médicos objetores a la eutanasia. Sin embargo, la elaboración de este registro, en el que estaría trabajando el Ministerio de Sanidad, no es bienvenido entre los médicos.
«El registro de objetores a la eutanasia, centralizado, obligatorio y recogido con anticipación va a provocar un ejército de objetores. Es absurdo ese planteamiento, porque se está pidiendo al médico que objete con anterioridad, sin saber a qué está objetando, a qué parte del proceso está objetando. La reacción a esta petición motivará al médico a registrarse como medida de precaución y eso no puede ser. Es lógico que el objetor comunique a su responsable su condición de objetor a un momento de la práctica sanitaria, pero en algunos casos, como me puede pasar a mi, tendré que esperar a verse en la situación concreta para reconocerme objetor».
Así se ha expresado Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Comisión Central de Deontología Médica de la Organización Médica Colegial (OMC), durante su participación en al mesa dedicada a la LORE, dentro del XXIX Congreso de Derecho y Salud, de la Asociación de Juristas de la Salud que se celebra en A Coruña.
Además, sobre la centralización de ese registro, el facultativo explicó que esa centralidad puede ser al nivel que se determine pero «no tiene sentido que esa centralización sea a nivel de ministerio».
Rodríguez Sendín explicó la importancia de la objeción de conciencia para el médico y aseguró que la comisión que preside lleva «desde 1999 reclamando una regulación de la objeción de conciencia general para el ejercicio de la profesión».
«No podemos permitir que esto acabe como ha acabado la práctica del aborto, llevándose a realizar donde no corresponde». Rodríguez Sendín explica que para que las garantías asistenciales de la eutanasia se mantengan es necesario que esta práctica se realice donde se pide la asistencia, ya sea en al ámbito privado de la sanidad o en el público, pero hay que evitar que se creen clínicas ad hoc para la realización de eutanasias o «equipos eutanásicos» que den esta asistencia en el hogar.
El Código deontológico puede variar
Sobre si la eutanasia atenta contra el código deontológico de la profesión, Rodríguez Sendín explicó que efectivamente el artículo 36.2 del Código establece que el médico nunca puede proporcionar la muerte al paciente, incluso aunque el paciente lo pida. Pero también recordó la obligación de los profesionales sanitarios de cumplir la ley, que también recoge el mismo código.
«Cuando se establece una norma final y se fija hay que respetarla. Y variará con el tiempo, como ha ocurrido con nuestro código deontológico, que ha ido cambiando». Rodríguez Sendín recordó que el código deontológico de la profesión médica está en revisión desde hace más de dos años y que se paró con la pandemia. «La Asamblea General de la OMC decidirá si revisa esa parte del código».
Junto al presidente de la Comisión Central de Deontología de la OMC, participaron en la mesa de eutanasia, Jorge Aboal Viñas, director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Gallego de Salud; Jesús Avezuela Cárcel, letrado del Consejo de Estado y Javier Sánchez Caro, director de la revista Derecho y Salud y asesor en la elaboración de la LORE, que fue el modelador del acto.
Aboal Viñas explicó el marco normativo que ha desarrollado Galicia para aplicar la LORE: la constitución de la Comisión de Garantías de la eutanasia, sus componentes y una guía práctica de aplicación de la ley -el Ministerio de Sanidad ha publicado la suya- en la que han trabajado un equipo de médicos.
El director general de Asistencia Sanitaria Xunta de Galicia defendió con claridad la condición de «nueva prestación asistencia» de la eutanasia y, desde ese punto de vista, cuestionó los límites de aplicación de esta prestación así como el derecho de objeción de los profesionales del sistema público.
El letrado del Consejo de Estado (el Gobierno aprobó la LORE sin pedir la valoración del Consejo de Estado) ofreció una revisión de la debilidades que, bajo su criterio y desde un punto de vista jurídico, tiene la LORE.
Avezuela Cárcel cuestionó la prohibición de la objeción colectiva a la eutanasia que establece la ley y también el que realmente haga «compatible los derechos y principios en juego, como son el derecho a la vida, a la integridad, a la dignidad.... Y planteó la «difícil cuestión de la delimitación de los derechos fundamentales, que genera conflicto...» Según el letrado, en la LORE «el bien superior protegido es la libertad, por encima de la vida».
Javier Sánchez Caro, como moderador de la mesa, solo intervino para recordar que la LORE tiene su desarrollo normativo a nivel estatal.
