(InfoCatólica) El programa de los liberales canadienses no puede ser más explícito en su desprecio hacia la vida humana desde su concepción y hacia quienes la defienden. En la página 4 de su programa se pueden leer las siguientes propuestas:
- Establecer una normativa en el marco de la Ley de Salud de Canadá que regule la accesibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, de modo que no haya duda de que, independientemente del lugar en el que viva alguien, tenga acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva disponibles al público. El incumplimiento de esta norma por parte de una provincia daría lugar a una sanción automática aplicada a las transferencias sanitarias federales.
- Proporcionar hasta 10 millones de dólares al Ministerio de Salud de Canadá para desarrollar un portal de fácil acceso que proporcione información precisa, libre de juicios y basada en la evidencia sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos, que incluirá una sección que contrarreste la desinformación sobre el aborto.
- Proporcionar hasta 10 millones de dólares a lo largo de 3 años a organizaciones de base dirigidas por jóvenes que respondan a las necesidades únicas de salud sexual y reproductiva de los jóvenes.
- Dejar de conceder el estatus de organización benéfica a las organizaciones antiabortistas (por ejemplo, los Centros de Embarazo en Crisis) que proporcionan asesoramiento deshonesto a las mujeres sobre sus derechos y sobre las opciones que tienen a su disposición en todas las etapas del embarazo.
Aunque es conocido que los liberales son desde hace décadas radicalmente abortistas, ahora pretenden cruzar definitivamente la línea que supone atacar frontalmente a quienes pretenden defender a los no nacidos así como ayudar a las mujeres embarazadas que elegirían no abortar si recibieran apoyo.
En todo caso, no es la primera vez que los liberales intentan establecen requisitos que impiden a las organizaciones provida acceder a programas de ayuda financiera pública. En 2018, el programa Canada Summer Jobs exigía a los solicitantes que afirmaran su apoyo al aborto como condición para recibir financiación. El programa fue desechado en 2019 tras una batalla legal en los tribunales canadienses.
¿Católicos? y abortistas
El actual primer ministro canadiense, Justin Trudeau, comparte con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la incompatible condición de católico y a la vez abortista, pro ideología de género y pro matrimonio homosexual. La diferencia entre ambos es que Trudeau no pretende ser católico practicante mientras que Joe Biden sí dice serlo.
Ataque a las libertades fundamentales
La reacción al anuncio de los liberales canadienses no se ha hecho esperar. Marty Moore, abogado del Centro de Justicia para las Libertades Constitucionales (JCCF), declaró a The Epoch Times que no le corresponde al gobierno atacar a las organizaciones benéficas por su ideología.
«Es difícil pensar en un ataque más flagrante -siempre digo esto, pero luego se demuestra que estoy equivocado al día siguiente por lo que el gobierno anuncia- a las libertades fundamentales de expresión y creencia, que un gobierno diga literalmente que vamos a apuntar a lo que vemos como desinformación y que en adelante vamos a politizar el hasta ahora venerado estatus de organización benéfica»
«Tanto si se trata de Ducks Unlimited como de Greenpeace, ... el papel del gobierno no es examinar su ideología o su posición política, sino asegurarse de que están haciendo un bien público y no malversando financieramente el dinero que se dedica a estas causas benéficas».
El Pregnancy Care Canada (PCC), que se describe a sí mismo como «una asociación nacional cristiana de buenas prácticas» y que cuenta con 81 centros afiliados para atención a embarazadas, recuerda que su «personal y voluntarios proporcionan información médicamente precisa sobre las tres opciones: el aborto, la adopción y la crianza de los hijos».
Su directora ejecutiva, Laura Lewis, advierte que lo que está en juego es «el riesgo de que se impongan pruebas de valores por motivos políticos a todos los que prestan servicios en el sector benéfico», y añade que «hay que considerar la posibilidad y la probabilidad de que el próximo objetivo sean otras organizaciones benéficas».