(Página12/InfoCatólica) El juicio contra Mons. Gustavo Zanchetta, quien fuera obispo de Orán (Argentina), imputado por el delito de abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido ha sido fijado para los días 12, 13, 14 y 15 de octubre.
El tribunal estará integrado por los jueces María Laura Toledo Zamora, Raúl Fernando López y Héctor Fabián Fayos, y la confirmación del juicio llega dos años después del requerimiento hecho por la fiscal María Soledad Filtrín en 2019.
El obispo fue citado bajo apercibimiento de ley y se espera que al menos 39 testigos brinden declaración durante la audiencia de debate.
En 2019, Filtrín solicitó la captura internacional del imputado porque no respondía a reiterados llamados telefónicos ni correos electrónicos, a pesar de que esos intentos de contacto fueron hechos al número telefónico y la dirección electrónica aportados voluntariamente por el sacerdote para ser notificado de cualquier acto procesal y luego de haber constituido domicilio en el Estado del Vaticano. El juez de Garantías de 2° Nominación, Claudio Alejandro Parisi lo había autorizado a salir del país. En noviembre Zanchetta se presentó ante la Justicia y volvió a irse al extranjero.
El abogado de Zanchetta es el defensor oficial Enzo Gianotti, quien había pedido que se anule la requisitoria de elevación a juicio pero ésto le fue rechazado en junio del año pasado. Por la pandemia de Covid-19, el juicio se encontraba demorado.
También a mediados del año pasado varios diarios publicaron publicó que monseñor Zanchetta había vuelto a trabajar en la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), pese a que además del proceso en la justicia ordinaria, se tramita otro procedimiento canónico contra él.
Las acusaciones contra Zanchetta
Mons. Zanchetta nació en la ciudad santafecina de Rosario en 1964, fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1991 en la diócesis de Quilmes y designado obispo de Orán el 23 de julio de 2013.
Allí permaneció cuatro años hasta su inesperada renuncia en el 2017, después de que se fuera imprevistamente rumbo a Corrientes y un par de meses después a Roma, aduciendo problemas de salud, que fue el motivo oficial para presentar su renuncia. Una vez aceptada la renuncia, a finales de ese año fue nombrado por el Papa consejero para la APSA (Administración del Patrimonio de la Santa Sede Apostólica), en la ciudad de Vaticano.
Las denuncias contra Zanchetta son dos. La primera corresponde al 6 de febrero de 2019 y fue realizada por un joven seminarista quien contó que sufrió hechos de abuso sexual en 2017 por quien en ese entonces era obispo de la Diócesis de Orán. Según el relato del denunciante, éstos fueron cometidos en el edificio del seminario Juan XXIII, de aquella localidad y en un domicilio particular de Los Toldos.
El 13 de febrero de 2019, otro seminarista denunció al obispo por episodios de significación sexual y conductas inapropiadas «frente al público y en el ámbito privado» en la casa parroquial San Antonio, en el edificio del seminario Juan XXIII y la casa del Obispo. Según señaló estos hechos se cometieron desde 2016.
Filtrín trabajó en la causa con el fiscal penal de Delitos contra la Integridad sexual Nº 1 del distrito Centro, Federico Obeid, aseguró en la requisitoria a juicio que los hechos han sido corroborados.
La fiscal acusa a Zancheta de haber actuado «con ánimo doloso de involucrar sexualmente a las víctimas dando inicio al despliegue de actos y maniobras de seducción, manipulación y preeminencia por la función de superior jerárquico en el ámbito eclesiástico, logrando confianza, temor reverencial en las víctimas a través de tocamientos inverecundos cernidos en su cuerpo con clara significación sexual, quebrantando la voluntad de los mismos temerosos de perder su condición de seminaristas y poner fin con su vocación al servicio religioso».
Además Filtrín indicó que el prelado sostuvo ese accionar abusivo «en el tiempo», agravó la acusación por tratarse de un «ministro de culto religioso reconocido», funciones que demandan el deber de actuar con rectitud y apego a las normas morales y religiosas con mayor celo que la de un ciudadano común».
El pedido de elevación a juicio incluye los resultados de las pericias psiquiátricas y psicológicas, realizadas por profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, con contralor de una profesional aportada por la defensa técnica.
El Ministerio Público Fiscal publicó que el informe psiquiátrico indica que el acusado «presenta personalidad con rasgos psicopáticos, indicadores de manipulación, emociones superficiales y escasa capacidad empática; no presenta psicosis, ni otro trastorno mental que altere la relación con la realidad. Además precisa que se vincula a través de interrelaciones dispares, ejerciendo poder sobre el otro, y que puede comprender la conducta desplegada y discernir actos socialmente reprochables». También se indica que Zanchetta puede dirigir sus actos libremente.
