(Fides/InfoCatólica) «Estamos profundamente entristecidos y dolidos por las medidas que el gobierno está tomando por la fuerza, arrebatándonos las instituciones educativas y sanitarias que legítimamente nos pertenecen» lamentan los Obispos de Eritrea en una carta dirigida al Ministro de Educación, el Honorable Sr. Semere Reesom, en la que denuncian el cierre y la nacionalización de las escuelas católicas por parte del gobierno.
Los obispos recuerdan la reciente incautación de clínicas católicas por parte del gobierno, que limita gravemente los servicios de la Iglesia en el país, y lamentan que a principios de 2018 se confiscaran escuelas secundarias de propiedad de la Iglesia. Y ahora «se han iniciado los procedimientos para la confiscación o, en su defecto, el cierre de las instituciones educativas que nos quedan, desde los jardines de infancia hasta las escuelas primarias intermedias, repartidas por todo el país».
Además de las escuelas ya confiscadas, el Estado pretende nacionalizar o cerrar otras escuelas primarias católicas, entre ellas una en la Eparquía de Barentu, 16 en la Eparquía de Cheren y dos en la Archieparquía de Asmara.
Los obispos aclaran que los servicios que ofrece la Iglesia católica a la población «no pretenden ser competitivos ni sustituir lo que hace el Estado en los mismos ámbitos», sino que pretenden «ofrecer a la población más posibilidades de elección y uso».
«Estas medidas -afirman los obispos- violan en principio los derechos de la Iglesia y son abiertamente lesivas de los más elementales principios de justicia», «negando a las familias la posibilidad de enviar a sus hijos a un colegio de su libre elección».
El cierre de algunas instalaciones sanitarias y la nacionalización de otros centros de salud «que sirven al pueblo con una dedicación ejemplar y sin distinción de religión, etnia o grupo», ha sido justificado por el gobierno con la excusa de que las instalaciones confiscadas «pertenecen al pueblo, y no a la Iglesia».
«Esto es una abierta distorsión de la verdad, diseñada para confundir a la gente. Y es justo y apropiado que nosotros, los obispos católicos de Eritrea, denunciemos rápidamente la indiscutible falsedad de la tergiversación mencionada. Las escuelas y clínicas confiscadas o cerradas, o destinadas a correr la misma suerte, son propiedad legítima de la Iglesia católica, construida, constituida y organizada en el interés supremo y exclusivo de servir a la población».
Los obispos concluyeron reafirmando «que la Iglesia católica de Eritrea seguirá apoyando y defendiendo, como principios rectores, las vías del diálogo, la comprensión mutua, la paz y el respeto mutuo».
