(InfoCatólica) La suspensión de una ley por parte del Tribunal Constitucional solo se lleva a cabo cuando lo pide el Gobierno con respecto a normas y leyes de las comunidades autónomas, porque tal supuesto está previsto en la propia Constitución.
Vox sostenía que el tribunal podía hacer una interpretación del marco legal que le permitiera evitar el riesgo de pérdida de vidas durante el periodo en que se esté tramitando el recurso.
El Constitucional ya denegó una medida de este tipo cuando fue recurrida la vigente ley del aborto hace diez años. En esta década, cientos de miles de vidas humanas han sido segadas bajo el principio de que la mujer tiene derecho a abortar. La falta de sentencia del tribunal, además de rozar la prevaricación, es prueba evidente de la absoluta politización de la instancia que debe velar por el cumplimiento de la Constitución.