(Agencias/InfoCatólica) «Prohíbase el uso en documentos y actos oficiales y en establecimientos educativos del comúnmente denominado ‘lenguaje inclusivo’, en cualquiera de sus formas («x», «e», «@», etc.), empleadas para reemplazar el uso del masculino cuando es utilizado en un sentido genérico, así como de cualquier otra forma diferente a la lengua oficial adoptada por la República Argentina», sostiene el artículo 1 del documento presentado el pasado martes en la Cámara de Diputados.
La propuesta de la ley, según las particulares firmantes, tiene como objetivo evitar «alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalicen el lenguaje» con la intención de suprimir «los obstáculos que en materia de lectoescritura se manifiestan por el uso del mismo».
Y agregan:
«Debe tenerse presente, asimismo, que la utilización de términos masculinos con carácter inclusivo de lo femenino no afecta en absoluto la igualdad entre hombres y mujeres. Como bien se señala, es un hecho estrictamente lingüístico que carece de consecuencias políticas para la visibilidad de las mujeres, el respeto con que son tratadas, o su acceso a los puestos de mayor responsabilidad en todos los ámbitos de la sociedad».
Además recordaron la petición en 2020 del gobierno de España a la Real Academia Española (RAE) sobre el lenguaje inclusivo, que pretendía modificar la Constitución de 1978 por considerarla machista.
En el artículo ‘Constitución, idioma nacional y lenguaje inclusivo’, la RAE respondió que «el documento de la institución hispana explicita que los grupos nominales en género masculino son de exégesis inclusiva, resultando en textos claros e inteligibles que en modo alguno plantean problemas serios de interpretación literal, no existiendo razones gramaticales ni de inteligibilidad semántica que obliguen a introducir modificaciones».
Previamente La Academia Nacional de Educación de la Argentina criticó el uso del lenguaje pseudo-inclusivo ya que «no contribuye a señalar la igualdad de los sexos sino que, por el contrario, sugieren la existencia de una rivalidad».
La institución expresó con claridad su postura sobre el castellano deformado que se busca imponer desde grupos minoritarios con aval del Estado:
«La Academia Nacional de Educación considera oportuno hacer público su apoyo a lo manifestado por la Academia Argentina de Letras cuando afirma, al cabo de una extensa fundamentación, que ‘no deben forzarse las estructuras lingüísticas del español para que se conviertan en espejo de una ideología, pues la gramática española que estudiamos no coarta la libertad de expresarnos o de interpretar lo que expresan los demás. Lo afirmamos con la convicción de que una lengua que interrelaciona nunca excluye’».