(Agencias/InfoCatólica) La mano derecha de Pedro Sánchez, ha recordado que el dictamen del CGPJ «no es vinculante» y, aunque ha admitido que «en el fondo y en muchas cuestiones es bastante razonable», ha añadido que hay «algunas cuestiones que el Gobierno no comparte y no va a compartir».
La socialista ha asegurado que no admite que «el enaltecimiento del totalitarismo que nos corresponde a los españoles, que es el de la dictadura franquista, forma parte de la libertad de expresión, cuando cada día eso significa el vilipendio absoluto de todas las víctimas que quedan».
Versión totalitaria del poder legislativo
Calvo ha desarrollado además la tesis de que en España son los legisladores los que tienen «la primera y la última palabra sobre lo que puede ser obligatorio en nuestro país», ignorando que el poder judicial tiene el deber de garantizar el cumplimiento de la Constitución en caso de que el poder legislativo quiera imponer a los ciudadanos obligaciones que chocan precisamente contra sus derechos constitucionales. De hecho, no pocas leyes aprobadas en las Cortes han sido modificadas o derogadas por los tribunales, especialmente el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
El Gobierno, con Bildu
Las palabras de Carmen Calvo són aún más significativas por ser en respuesta a la interpelación de Isabel Pozueta, diputada de Bildu, formación política heredera del terrorismo etarra.
Se da además la circunstancia de que el PSOE apoyó ayer en el Parlamento derogar el delito de injurias a la Corona, apelando precisamente a la libertad de expresión.
