(EP/InfoCatólica) Así, reprobó y alertó de que con "el dinero público" el Gobierno dirigido por Alberto Núñez Feijóo quiere "subvencionar" a este tipo de asociaciones, lo que también implica "recortes" para servicios sociales. Asimismo, avisó de que la intención del Gobierno, en base a las enmiendas presentadas por el PPdeG, es la de otorgar la misión de informar a las mujeres a este tipo de asociaciones, que cuestionan "el uso del preservativo, incluso para prevenir enfermedades", agregó.
La parlamentaria socialista puso de manifiesto que detrás de la iniciativa legislativa popular (aprobada en el primer periodo de sesiones de esta legislatura) "están los mismos que se oponen a la investigación de células madre y que consideran la homosexualidad una enfermedad".
Así, tachó la propuesta de "cínica y mentirosa" puesto que --acusó-- "no hay un apoyo a las madres y mujeres", sino que sólo defienden una política "antiabortista". En este punto, defendió que "nunca hubo tanto apoyo" a este colectivo como en la actualidad por parte del Gobierno central y en los últimos cuatro años (en referencia al bipartito) y citó medidas como los 2.500 euros por hijo o el Plan de Salud de la Mujer (elaborado por la anterior Junta).
Laura Seara advirtió de que el PSdeG "hablará con quien haya que hablar" para "desenmascarar esta iniciativa" . La diputada del PSdeG consideró que "no es necesaria una red específica" como la que propone la iniciativa para este ámbito y censuró que el Gobierno "concierte" con dinero público a estas asociaciones. La Junta del bipartito había impulsado la red de centros de información afectivo-sexual Querote, que no "están nombrados" en las enmiendas del PPdeG en ningún punto, apuntó Seara preguntada por esta cuestión.
Finalmente, la parlamentaria subrayó que los socialistas "defienden la libertad y el derecho a decidir" sobre la maternidad y lo contrapuso con el "retroceso" que supondrá la aprobación de esta iniciativa, que se elaboró "a espaldas de la sociedad", añadió.
Entre otras peticiones, el PSdeG reclama un Plan de Salud Sexual y Reproductiva, de acuerdo con las estrategias que se marquen desde el Sistema Nacional de Salud. Asimismo, pide que los poderes públicos velen para garantizar que los abortos se practiquen por un médico, en centros públicos o privados acreditados y con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada.
