(Fides) A esta jornada se han sumado el CELAM y varias Conferencias Episcopales de Hispanoamérica. «Hacemos nuestro el dolor del pueblo colombiano, que tantos esfuerzos ha realizado para lograr la reconciliación y la paz nacional», escribieron los obispos del CELAM, recordando las palabras del Papa Francisco durante su visita a Colombia en 2017: «Cualquier violencia contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad».
«Rechazamos resueltamente, sea cual sea su origen, las violaciones a los derechos humanos, los actos vandálicos, los bloqueos a la movilidad y el abastecimiento de alimentos, la desaparición de personas, los atentados a la integridad física de cualquier persona, los daños ocasionados a la propiedad pública y privada»: así es cómo se expresó la Conferencia Episcopal Colombiana sobre lo sucedido en los últimos días en el país.
El Episcopado reitera que «la violencia, el vandalismo, los atentados, el abuso de la fuerza y el caos social no resuelven nada, solo conducen al sufrimiento y la muerte, especialmente a los más pobres, además de deslegitimar y cuestionar cualquier protesta social». En este contexto, los obispos han lanzado un fuerte llamamiento para detener de inmediato estos actos de violencia y muerte: «Es hora de emprender juntos la tarea de generar un modelo de desarrollo humano global».
Ante la «espiral de violencia y el círculo de muerte que se impulsa», escribe el CELAM en una carta enviada a la CEC, también enviada a la Agencia Fides, hay que reconocer que la mayoría de los ciudadanos han hecho uso de la protesta pacífica como «alternativa válida para obtener una respuesta a las necesidades y demandas sociales ». «Si un pueblo protesta y toma las calles en medio de una pandemia, significa que su gobierno es más peligroso que un virus»: esta consigna resume el pensamiento de millones de colombianos en los últimos días.
El 28 de abril se iniciaron fuertes movilizaciones contra el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno de Iván Duque. Movilizaciones que se han extendido rápidamente por todo el país, con manifestaciones masivas, huelgas y enfrentamientos violentos. Bogotá y Cali siguen siendo escenarios de las protestas, a las que el gobierno ha respondido con extrema dureza: al menos 24 muertos, según la Defensoría del Pueblo de Colombia. Ochenta y nueve personas desaparecieron y más de 800 resultaron heridas. La violencia y brutalidad también han sido condenadas por la ONU, la UE y numerosas organizaciones no gubernamentales, que denuncian el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y el ejército colombianos (Ver Fides 04/05/2021). El ministro de Defensa, Diego Molano, justificó su modo de actuar porque la militarización de las ciudades sirve para enfrentar lo que llamó las «organizaciones criminales» que orquestan los disturbios.
(CE)
