(InfoCatólica) La Ley Aído convirtió en un derecho el crimen del aborto, hasta entonces despenalizado en una serie de supuestos que, de hecho, habían convertido dicho acto infame en una actividad al alcance de cualquier mujer que quisera acabar, o recibiera presiones para hacerlo, con la vida de su hijo no nacido.
El Partido Popular presentó el 1 de julio del 2010 un recurso de anticonstitucionalidad. Han pasado, por tanto, más de 10 años. En todo ese tiempo, el tribunal Constitucional no se ha dignado a aprobar una sentencia, en lo que supone una clara burla hacia la dignidad de los no nacidos, que son ignorados por la instancia judicial más importante de España junto con el Tribunal Supremo.
Según informa El Confidencial Digital, «la ponencia sobre la constitucionalidad de la ley del aborto está escrita desde hace años, pero sigue en un cajón. Concretamente en el cajón del despacho de Andrés Ollero, magistrado del Tribunal Constitucional. Y todo apunta a que ahí se quedará. La sentencia escrita por él nunca verá la luz porque, según todas las fuentes consultadas en el órgano, el presidente Juan José González Rivas no tiene intención de convocarla al pleno. Quiere evitar que se produzca un debate que divida al tribunal en un tema tan sensible y espera a la renovación de parte de sus miembros para que un nuevo magistrado redacte una nueva sentencia».
En otras palabras, dado que el magistrado Ollero es católico practicante y por tanto provida, no hay la menor intención de que su ponencia sea aprobada por el pleno del Constitucional y se esperará a que sea sustituido por otro magistrado, seguramente no tan provida como él.
En estos más de diez años, el Partido Popular tuvo la oportunidad de cambiar radicalmente dicha ley, cosa que no hizo cuando gobernó y tuvo mayoría en las Cortes. Nadie de ese partido ha lamentado la inaceptable tardanza del Constitucional. Todo indica que estamos ya cerca del fin de una farsa que concluirá con una sentencia favorable al holocausto abortista en España.
