(AsiaNews/InfoCatólica) Otto Rudolf De Vries, un misionero laico de 62 años de adad, perteneciente a la diócesis de Rotterdam de Holanda, ha sido privado de su estatus de «residente permanente filipino» y se la ha instado a abandonar el país en un plazo máximo de 30 días.
Otto llevaba trabajando desde 1991 para el servicio de la prelatura de Infanta (provincia central de Quezón), ocupándose sobre todo de la defensa de los derechos de los trabajadores.
Ha sido acusado de participar en «actividades políticas ilegales, en particular en algunas manifestaciones promovidas por el Instituto Ecuménico de Educación e Investigación Laboral (EILER) y el Centro Kilusang Mayo Uno (Movimiento Primero de Mayo».
Al parecer, él no había recibido ninguna notificación al respecto, se enteró de la sanción al momento de proceder a solicitar la renovación de su visado. Su residencia había sido revocada desde el 27 de noviembre del año pasado.
Dice Otto: «No he tenido la oportunidad de rebatir estas acusaciones infundadas».
El misionero ha dedicado su vida en este país a trabajar y a servir entre los más pobres, colabora regularmente con EILER, una organización comprometida desde hace 40 años en la lucha contra la explotación laboral en Filipinas, especialmente contra el trabajo infantil.
El responsable de la pastoral de la pastoral laboral en la Arquidiócesis de Manila, el padre Eric Adoviso solicitó al gobierno una reconsideración de esta decisión, basado en la valiosa contribución del misionero para toda la comunidad.
En Manila existe actualmente un ambiente político muy tenso debido a la sospecha hacia los activistas sociales, creado por la controvertida ley anti-terrorismo. Esta ley le facilita al gobierno levantar acusaciones a todo aquel que no esté de acuerdo con sus decisiones.
Entre los antecedentes importantes a este caso, tenemos la expulsión de Sor Patricia Fox, ciudadana australiana, misionera y superiora de las Religiosas de Nuestra Señora de Sión. La mujer también se vio obligada a abandonar Filipinas después de 27 años de servicio en el país. Ella también fue acusada de participado en manifestaciones en apoyo de los derechos de los campesinos y los pueblos tribales de Mindanao.
